El nuevo centro de menores tendrá cinco módulos con un total de 94 plazas

Tragsatec ya ha entregado a la Ciudad Autónoma de Ceuta el proyecto básico del nuevo centro de acogimiento para menores no acompañados que se levantará en los terrenos de la antigua prisión de Los Rosales. Las obras tendrán un plazo de ejecución de doce meses y su realización saldrá a concurso por algo más de 7,2 millones de euros.

El equipamiento ‘Ceuta Siglo XXI’, que cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, surge “con el objetivo de cubrir una necesidad de prestar asistencia social y sanitaria de menores extranjeros no acompañados debido a que la ciudad de Ceuta se encuentra con un fenómeno relativamente reciente de un incremento de la inmigración irregular de este sector de la población”.

Después del cierre a finales de 2012 de las instalaciones que se utilizaban en San Antonio y de la habilitación del inmueble construido en Hadú con la idea original de que se convirtiese en un albergue para personas sin hogar, la nueva infraestructura dotará a la ciudad por fin de un espacio concebido desde cero para el destino que se le dará.

El centro se compondrá de una serie de edificios que darán cabida a zonas administrativas, un salón de actos, un módulo de primera acogida y otros cuatro residenciales. También incluirá garita de vigilancia, zona de aparcamiento y recepción, huertos internos, pista polideportiva y patios de juego y actividades.

El futuro complejo incorporará un salón de actos, huertos y una pista polideportiva

Según el programa de necesidades del proyecto recogido en la encomienda, en su interior se desarrollarán dos programas de intervención y cada uno de ellos funcionará como unidad independiente: de recurso residencial y de recurso para primera acogida.

La separación del conjunto por módulos independientes entre sí responde a la conveniencia de diferenciar a los distintos usuarios por razón de edad, sexo, nivel de desarrollo y adaptación social.

La unidad de recurso residencial se estructurará en pequeñas unidades de convivencia con una capacidad máxima de 15-20 menores cada una (un total de 76 plazas). La de primera acogida podrá atender a catorce jóvenes (más cuatro adicionales especiales para enfermería y otras contingencias.

Cada módulo contará con sala de estar, comedor, lugar de atención, talleres multiusos, recreo o salas de juegos y deportes, dormitorios individuales y dobles, cuartos de baño individuales y colectivos próximos a dormitorios y salas de actividades.

Tanto los espacios de usos generales como los talleres, usos administrativos y almacenes se ubicarán en la planta baja de los edificios, mientras que los dormitorios se ubicarán en la planta primera. Los módulos deberán distribuirse con desarrollo independiente del otro, diferenciándolos por razón de edad, nivel de desarrollo, vínculos familiares, sexo e intereses de usuarios.

En total el centro contará con 3.300 metros cuadrados de superficie construida y 2.644 de superficie útil. La parcela sobre la que se intervendrá cuenta con 6.133 metros cuadrados.

La propuesta mantiene el edificio de acceso con la fachada protegida. En los edificios de la zona posterior se realiza la renovación tipológica conforme a la protección ambiental del conjunto, que permite obras de nueva planta de sustitución de edificios con criterios de respeto a las características morfológicas y el tipo edificatorio que se sustituye, utilizando módulos de habitaciones que se abren a patios interiores, como en el antiguo edificio.

El acceso, que será único, se mantendrá en el mismo lienzo de muralla donde se ubica el actual, evitando así el acceso por otras zonas, salvo en casos de emergencias.

La obra conservará el edificio de acceso y la fachada de la vieja prisión

Los nuevos edificios proyectados se dispondrán “de manera que los propios volúmenes edificados produzcan la compartimentación de los espacios libres, para permitir el control y poder disponer de distintos patios de juego acotados junto con pistas deportivas y zonas ajardinadas”, según los requerimientos de los técnicos del Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad.

Desde el punto de vista formal, condiciones de altura, volumen y separación a linderos “no suponen ningún impacto visual con respecto al estado actual, al estar adherido al muro perimetral existente, y no superando la altura de éste”.

El estado actual del conjunto se ha definido como “de ruina técnica” en los informes previos realizados por técnicos de la administración, pero tras la visita realizada por el personal de Tragsatec este ha visto razonable “la conservación y rehabilitación del edificio de acceso, junto con su fachada protegida”.

Las obras de intervención en ese edificio previstas en el proyecto son de conservación, restauración y mantenimiento de todos los elementos que integran la fachada principal.

Además, se eliminarán los tabiques y particiones interiores y se mantendrán las estructuras horizontales y verticales, con modificaciones de huecos en el muro de carga intermedio y la fachada trasera, junto con la apertura o rectificación de huecos de ascensor y escalera, debido a la reubicación de estos elementos con respecto al estado actual.

El antecedente de las edificaciones de la parcela se remonta al año 1946, cuando el arquitecto José Luis Aranguren planificó la prisión cerrada en 2017. Este edificio se ha mantenido en sus aspectos formales tal y como se proyectó hasta nuestros días con la excepción de una remodelación en las plantas superiores de los edificios principales ejecutada en 1984.