El Ejecutivo ha lanzado un ambicioso plan de transformación digital que cambiará la relación entre ciudadanía y Administración Pública, también en territorios como Ceuta.
Entre los principales pilares se encuentra la aplicación de inteligencia artificial (IA) para simplificar trámites, la creación de oficinas centralizadas para ofrecer múltiples servicios en un solo punto, y un nuevo modelo de acceso al empleo público que introduce una formación posgradual obligatoria para quienes superen las oposiciones.
Un plan con 43 millones de inversión
La propuesta, presentada este lunes por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, plantea “la mayor revolución en la Administración desde la aparición de internet”. Con una inversión inicial de 43 millones de euros, el plan tiene como objetivo modernizar la estructura estatal y aumentar la eficiencia en la prestación de servicios públicos.
El despliegue se extenderá hasta 2027, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizará una evaluación externa para medir su eficacia y proponer mejoras. “Tenemos que evaluar, evaluar y evaluar, medir para mejorar”, afirmó la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli.
Además, el ministro ha subrayado que este proceso está alineado con una estrategia “que apuesta por reforzar lo público en lugar de recortarlo”, diferenciándose de otros países europeos que han optado por reducir el tamaño de sus administraciones.
El fin de la cita previa y oficinas más accesibles
Uno de los ejes más destacados del plan es el uso de IA para eliminar la obligación de pedir cita previa en trámites administrativos, una de las principales quejas de los usuarios. El objetivo es recuperar la atención presencial sin barreras y facilitar el acceso a personas con menos competencias digitales.
También se contempla el desarrollo del sistema ‘SimplexEsp’, un mecanismo de formularios precumplimentados inspirado en el borrador de la declaración de la renta. Con esta medida se pretende reducir la carga burocrática y mejorar la experiencia del ciudadano.
Junto a ello, se pondrán en marcha las denominadas “oficinas todo en uno”, donde se podrán realizar múltiples gestiones, como empadronamientos o solicitudes de ayudas. Estas oficinas podrían incluso estar ubicadas en espacios como Correos, facilitando el acceso en zonas rurales o con menor dotación administrativa.
Además, se creará una plataforma de inteligencia artificial para uso exclusivo de la administración pública, con un coste previsto de 14 millones de euros.
Cambios en las oposiciones: curso obligatorio y posgrado
Otro punto clave del plan es la reforma del acceso al empleo público en los grupos A1 y A2, que requerirá a los aspirantes que superen los exámenes realizar un curso gratuito con validez de posgrado, de hasta dos años de duración.
Este curso, que será de 90 o 120 créditos, busca reforzar la preparación técnica y digital de los nuevos funcionarios, según explicó Mapelli. Los aspirantes que completen el curso y no consigan finalmente la plaza, podrán obtener igualmente el título posgradual.
Con esta medida, el Gobierno pretende atraer nuevos perfiles más adaptados al entorno digital, modernizar los procesos de selección y ofrecer una alternativa formativa útil para quienes no accedan finalmente a la función pública.
Críticas de los Inspectores de Hacienda
La propuesta no ha sido bien recibida por todos los sectores. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha mostrado su rechazo frontal al nuevo modelo, que considera “una amenaza para los principios de objetividad, mérito y capacidad”.
En un duro comunicado, los inspectores han denunciado que estos cambios podrían abrir la puerta a la injerencia política y a una pérdida de rigor técnico, especialmente en áreas tan sensibles como la Administración Tributaria.
Además, critican que el plan ha sido presentado en pleno verano, con buena parte de la plantilla de vacaciones, y que el documento está plagado de “incongruencias, ambigüedades y lenguaje vacío”.
Apoyo autonómico y colaboración pública-privada
El ministro López ha insistido en que la estrategia nace del diálogo y el consenso, ya que el documento ha recibido más de 400 aportaciones de administraciones, empresas y sociedad civil. Ahora, el Ejecutivo busca implicación por parte de las comunidades autónomas, a quienes ya se ha enviado el texto y se convocará una Conferencia Sectorial para avanzar en su desarrollo.
"Con proyectos como el de hoy vamos a poner en marcha la fábrica del Estado", concluyó el ministro, confiado en que el uso estratégico de la IA permitirá a la Administración "estar por delante" de las necesidades del ciudadano.
