El portavoz del Gobierno de Ceuta y presidente del Consejo de Administración de Obimasa, Alejandro Ramírez, ha defendido este martes que cualquier decisión sobre el procedimiento selectivo de la empresa pública se adoptará exclusivamente en función de los informes técnicos y jurídicos incorporados al expediente administrativo, rechazando que pueda tratarse de una resolución de carácter político o discrecional.
Ramírez respondía así a las declaraciones realizadas por el representante en la Ciudad Autónoma de UGT, Antonio Ramírez, quien había sostenido que, si finalmente se anula el proceso de oposiciones en Obimasa, el Gobierno debería acudir a los tribunales para denunciar una supuesta filtración de los exámenes.
El portavoz ha recordado que la cuestión será abordada en el Consejo de Administración convocado para este martes, órgano que tiene la competencia para adoptar una resolución una vez analizada toda la documentación.
La decisión sobre Obimasa dependerá de los informes
Según ha explicado, el procedimiento se encuentra respaldado por un expediente administrativo abierto tras la presentación de diversas reclamaciones relacionadas con el proceso selectivo.
En ese expediente, ha señalado, se han incorporado los informes elaborados por el tribunal calificador, los servicios técnicos y los servicios jurídicos, con el objetivo de determinar cuál debe ser la actuación de la empresa pública.
“No puedo hacer otra cosa diferente”, ha insistido Ramírez, quien ha señalado que, como presidente del Consejo de Administración, su obligación es trasladar al órgano competente las conclusiones recogidas en esos informes para que sean los consejeros quienes adopten la decisión correspondiente.
No es una decisión política
El portavoz ha subrayado que, si finalmente se determina que el procedimiento debe anularse o retrotraerse hasta una fase concreta, esa decisión responderá únicamente a las conclusiones de los informes técnicos y jurídicos.
En este sentido, ha rechazado la interpretación de que la resolución pueda obedecer a una decisión política. “Se trata de un procedimiento administrativo en el que ha habido reclamaciones, se ha recabado la información necesaria y el Consejo de Administración debe resolver conforme a esos informes”, ha explicado.
Asimismo, ha recordado que ya respondió en su momento a las críticas formuladas por algunos grupos políticos sobre una supuesta paralización del proceso, insistiendo en que no tiene competencias para suspender de forma unilateral un procedimiento selectivo.
Los recursos debían resolverse antes de continuar
Ramírez ha explicado que la única actuación realizada desde la Presidencia del Consejo fue trasladar al tribunal la necesidad de resolver previamente todos los recursos presentados, tanto por formaciones políticas como por participantes en la convocatoria, antes de que el proceso siguiera avanzando.
Precisamente, ha indicado, la situación que ahora llega al Consejo de Administración es consecuencia de la resolución de esas reclamaciones, cuyo contenido ha dado lugar al expediente que será analizado.
“Veremos qué ocurre cuando se reúna el Consejo”, ha señalado, evitando adelantar cuál podría ser el desenlace de la sesión.
Sin relación con el procedimiento judicial
Respecto a la posibilidad de que la existencia de actuaciones judiciales pudiera afectar al proceso selectivo, el portavoz ha asegurado que ambas cuestiones son independientes desde el punto de vista jurídico.
Ha explicado que, mientras no exista una medida cautelar acordada por un juzgado, la Administración debe continuar con la tramitación ordinaria de su procedimiento administrativo y resolver las reclamaciones planteadas.
En caso de que los interesados no compartan la resolución que finalmente adopte el Consejo de Administración, Ramírez ha recordado que podrán recurrirla ante los órganos competentes.
Prudencia antes de la reunión
Preguntado por si el Consejo podría optar finalmente por la anulación completa del proceso en Obimasa o por retrotraer las actuaciones a una fase anterior, Alejandro Ramírez ha evitado anticipar la decisión.
El portavoz ha apelado a la prudencia, recordando que el expediente ya había trascendido a los medios de comunicación, pero defendiendo que, por respeto al resto de consejeros, era necesario esperar a la celebración de la reunión.
Antes de adoptar cualquier acuerdo, ha concluido, los miembros del Consejo deberán analizar toda la documentación disponible y escuchar las aportaciones que puedan realizarse durante la sesión para adoptar la resolución que consideren oportuna.
