El pasado julio, con motivo del anuncio del retraso en la puesta en marcha del Plan de Empleo, ya advertimos del grave problema por el que iban a atravesar los colegios. Sin personal, será difícil que puedan ponerse en marcha algunas de las actividades promovidas por los centros. Pero lo más grave llega cuando ese déficit afecta a centros a los que asisten niños con necesidades especiales, que van a estar carentes del número de profesionales necesario para atender a los alumnos. Es decir, los colegios abrirán sus puertas sin la garantía de disponer del personal para poder prestar los servicios en condiciones. Y ante esta alerta trasladada por los sindicatos y por los propios padres, la Administración calla. Nadie se hace responsable ni da una explicación de un retraso que va más allá de la incertidumbre política que atraviesa el país. Tampoco se adoptan medidas paliativas para solucionar asuntos de gravedad como el que ya ha denunciado el colegio de Educación Especial de San Antonio, que afectará directamente a un alumnado que va a ser el eslabón más débil de toda esta cadena de despropósitos.
Sí, siempre pagan los débiles, siempre pagan aquellos que, sin tener culpa, se ven con sus derechos arrebatados y con sus aspiraciones mermadas. Nadie habla, quizá por una vez sientan vergüenza.
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