A Séneca se atribuye la frase que dice que “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. Las páginas de hoy de este periódico recogen muchas noticias relacionadas con ese ámbito, en algunos casos sobre asuntos que se remontan a hace casi una década y que todavía no han llegado a juicio oral, algo que no debería suceder por complejos que sean los temas y su investigación.
Es lo que ocurre, por ejemplo, con el ‘caso Emvicesa’. Hace ya más de ocho años que la entonces consejera de Fomento, Susana Román, acudió a los Juzgados a denunciar la publicación de una ‘lista fantasma’ de adjudicatarios de viviendas.
El próximo mes de octubre comenzará la vista oral de la causa con alrededor de medio centenar de acusados y otros tantos testigos.
Con independencia de cuál sea el veredicto, es de lamentar el mucho tiempo transcurrido sin que los implicados se hayan visto condenados o absueltos, con las consecuencias que se deriven de ello.
La celeridad de la acción de la Justicia es importante para las personas públicas, que además pueden verse sometidas a una ‘pena de titulares’ injustamente, pero también cualquier ciudadano anónimo, por lo que la administración debería multiplicar sus esfuerzos para satisfacer lo que es una demanda social unánime.
Desde dentro, los agentes involucrados en el funcionamiento del sistema judicial también han reivindicado en múltiples ocasiones mejoras, recursos e inversiones imprescindibles para avanzar en esa misma línea, por lo que ese tendría que ser un reto que asuman como propio las fuerzas políticas con independencia de su orientación ideológica, pues se encuentra por encima de eso e incumbe a todos de una forma transversal y general.
Que cantidad de obviedades.