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La Mesa del albergue paraliza la apertura de ofertas por la queja de una empresa

Señala que no pudo presentar en tiempo y forma su propuesta por un error en la plataforma

Al margen del recurso de reposición presentado por el PSOE o la hipotética solicitud de una comisión de investigación, la fase administrativa para la adquisición de un edificio como albergue para personas sin hogar en Ceuta ha seguido su curso con normalidad, hasta hoy.

Esta mañana estaba convocada la mesa de contratación de este proyecto para proceder a la apertura de las ofertas de las dos empresas que oficialmente habían registrado en tiempo y forma su propuesta.

Sin embargo, el proceso se ha visto interrumpido por el representante de una sociedad, que ha alegado que el pasado viernes intentó anotar su proposición en la Plataforma de Contratación del Estado, pero que por un error en la misma no pudo quedar inscrita en el proceso el día 27 de junio, último día para hacerlo.

Ante esta situación, según ha podido saber este periódico, los integrantes de la mesa han decidido posponer la apertura de las plicas, hasta comprobar que, efectivamente, ha habido una incidencia que ha impedido a esta empresa registrar su petición.

A partir de ahora, el órgano encargado de la adjudicación solicitará al departamento correspondiente del Estado (que depende del Ministerio de Hacienda) que emita un certificado que valide que el mismo día en el que se acabó el plazo hubo problemas en el portal.

Se puede dar un día más de plazo

De confirmarse este extremo, se otorgará un día más de tiempo para que esta tercera empresa pueda participar en el proceso. Además, las dos que ya lo hicieron tendrán igualmente ese margen de 24 horas por si quieren realizar alguna modificación en sus ofertas.

Lo que estaba previsto para hoy era la apertura y calificación administrativa correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores en el procedimiento para adjudicar el contrato de adquisición de una edificación con mobiliario empleada como albergue provisional para personas sin hogar en Ceuta.

Otro de los puntos era la apertura criterios evaluables automáticamente correspondiente a las proposiciones presentadas por las dos empresas de las que se tenían constancia que concursaban. Además, se tendrían que haber evaluado ambas propuestas.

Y, por último, el objetivo era realizar una propuesta adjudicación en función de las condiciones que han presentado cada una de las entidades participantes en el proceso.

Todo ello queda paralizado por el momento hasta que la mesa tenga la certeza de que se produjo esa incidencia en la plataforma que impidió registrar una oferta en tiempo y forma.

La adquisición de un edificio como albergue viene rodeada de polémica en las últimas semanas, después de que el PSOE alertara de irregularidades en el proceso. En la memoria que hizo pública la Ciudad cuando sacó a concurso esta compra, justificó la decisión diciendo que “la necesidad de llevar a cabo este contrato surge por la carencia de este tipo de instalaciones y la grave crisis migratoria que padece la Ciudad en los últimos años, limitando la capacidad de atención a un sector de población vulnerable por situaciones sobrevenidas”.

Lo que pide la Consejería para el albergue

Esta edificación que Servicios Sociales quiere comprar en el entorno más cercano a sus actuales dependencias debe de tener una capacidad mínima para alojar 45 personas, preferentemente habitaciones dobles con aseo incorporado, así como un mínimo de dos habitaciones accesibles. El presupuesto previsto es de 2,8 millones de euros.

A estas características sumaron el de contar con salón comedor con una superficie mínima de 55 metros cuadrados, un aula de 20 como mínimo y dos despachos de más de diez metros cuadrados, así como un mínimo de dos aseos en zonas comunes y una recepción, señalan en la memoria que acompaña al proceso de licitación de este proyecto.

El periodo de entrega “llave en mano” del edifico con las necesidades descritas será de ocho meses a contar desde el día siguiente al de la firma del contrato entre el propietario del inmueble y la Ciudad, según recoge el pliego aprobado.

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