Escuchaba días atrás una grabación ya antigua, entendiendo por antigua, de varios meses, en la que un empresario extranjero, afincado en Cataluña, le daba un vapuleo en toda regla al presidente del Parlamento de Cataluña, que fue a la sede de los empresarios a darles un discurso para transmitirles ánimo y tranquilidad. Este acontecimiento, que una amiga mía me lo enviaba como si fuera una novedad, ocurrió al principio del conflicto del Procés, que era cuando se habló mucho de los miles de empresas que se habían ido de Cataluña a consecuencia de la situación política. Lo que este empresario le decía, entre otras cosas, era que la publicidad tenía dos reglas básicas. Una, que no fuera aburrida. Dos, que no mintiera. A partir de estas dos premisas, construyó parte de su discurso, contrario al independentismo catalán y a su campaña de propaganda internacional.
Si las fake news han sido hasta ahora un signo de identidad de las derechas y ultraderechas de medio mundo para conquistar el poder, los denominados “mensajes trampa” o “propuestas trampa”, es lo que estas mismas derechas usan cuando han conquistado el poder. En ese caso, ya no necesitan mentir para que la gente les vote. Pero sí, aparentar que hacen algo, que en realidad se trata de otra cosa bien distinta.
Es lo que está ocurriendo estos días con el famoso “pin parental” de Abascal y los suyos de la ultraderecha. Cuando yo escuché y leí este mensaje por primera vez, pensé que se trataba de ese mecanismo de control que se usa en los móviles, o en los ordenadores, para que los hijos o nietos no puedan acceder a determinadas páginas de contenido violento, sexual….o de otro tipo parecido. Como yo, creo que así lo entendían miles de ciudadanos. Sin embargo, cuando he leído con detenimiento lo que realmente es, me ha dado cuenta de la gravedad de la propuesta, ya aprobada en la Comunidad de Murcia y aprobada con matices en las comunidades de Madrid y Andalucía.
La realidad de lo que se propone es un control ideológico en toda regla, practicado por los padres, no solo sobre los hijos, sino sobre el mismo sistema educativo y su obligación de llevar a cabo una formación integral del alumno. Lo que pretende la extrema derecha es controlar el contenido de los programas educativos obligatorios, aunque transversales, que se imparten en horario escolar y que, por tanto, son obligatorios. Para ello, exigen a los directores de los centros una “autorización expresa” de cada actividad, pese a que la programación se conoce desde el principio del curso. Lo que quiere la extrema derecha es la propaganda continua de su ideario retrogrado y el acoso permanente al profesorado. Es el fascismo puro y duro, llevado a las instituciones.
De una forma parecida, la Junta de Andalucía ha aprobado un proyecto estrella, denominado Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía (PLAN ITINERE), con una intencionalidad muy loable de mejoramiento de los caminos rurales, que a tenor de lo que se indica en su introducción, afectan a más del 56% de la superficie total andaluza dedicada a la actividad agrícola. El hecho de que, según ese mismo documento, la producción de la rama agrícola de Andalucía suponga el 25,7% de la española, justifica sobradamente que se destinen 75 millones de euros, dividido en dos ejercicios presupuestarios, a esta importante inversión. Esto supone que se destinan unos 1.500 euros por cada Km de camino rural.
Sin embargo, cuando leemos con detenimiento su contenido, vemos que las intenciones no se compadecen con algunas de las condiciones para el acceso a dichas ayudas, por varios motivos. En primer lugar, por el plazo concedido para su tramitación y la fecha en la que fue publicada. Así, observamos que, en el BOJA de 17 de diciembre de 2019, se publica un anuncio de 10 de diciembre de 2019 de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera dando publicidad al PLAN ITÍNERE referido. El plazo de solicitud de las ayudas comenzaba el día siguiente de su publicación, es decir, el 18 de diciembre de 2019 y termina el próximo 24 de enero de 2020. Si descontamos los días festivos de las Navidades, observamos que los técnicos de los Ayuntamientos han tenido realmente muy pocos días para elaborar los proyectos y cumplimentar la documentación.
En segundo lugar, se da la posibilidad de solicitar hasta dos ayudas por municipio, con un mínimo de 75.000 euros y una cuantía máxima de 350.000 euros por ayuda. Esto supone que, en teoría, la provincia de Granada debería ser la más beneficiada, al contar con 174 de los 786 municipios de Andalucía, que le hace estar a la cabeza de todas las provincias andaluzas. Y dentro de esto, algunos de sus municipios, como Dílar, que es uno de los que cuenta con más extensión de terreno, también deberían ser de los más beneficiados. Sin embargo, el Alcalde, del Partido Popular, presentó para su aprobación en Pleno sólo un proyecto, y por un importe de apenas 200.000 euros, muy inferior a los 350.000 euros máximos que se destinaban a cada proyecto. Esto nos extrañó y comenzamos a poner en duda las intenciones reales de la Junta de Andalucía. Hasta que el mismo Alcalde, quizás por un desliz, confesó que, poco íbamos a poder hacer para competir con los proyectos destinados a mejorar los accesos a las grandes propiedades de lugares como la campiña cordobesa o de los campos sevillanos.
Por tanto, de lo que se trataba era de un acto propagandista más de la Junta de Andalucía, que se han sacado de la manga un plan de mejora de caminos rurales en plena Navidad y cuando la atención estaba centrada en el debate de investidura, que, finalmente, servirá para financiar los caminos que den servicio a las grandes propiedades del campo andaluz. Y todo por el erróneo concepto que tiene la derecha de que los únicos que crean riqueza son los grandes propietarios y no la red de pequeños agricultores de nuestra geografía, andaluza y nacional.
Este tipo de comportamientos y falsedades es lo que nos espera en el futuro más inmediato. Desenmascarar a los falsarios es una labor democrática de primer orden a la que deberemos dedicar todos nuestros esfuerzos.
