El Gobierno de la Ciudad y los sindicatos mantuvieron ayer la primera reunión del grupo de trabajo que el presidente Vivas y la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, se comprometieron el pasado domingo a constituir con urgencia para analizar a fondo la situación en materia de personal del Área de Menores, un servicio esencial que debe ser tratado por la administración con una sensibilidad especial por quiénes son sus destinatarios y beneficiarios más directos.
Tanto la administración como los representantes de los trabajadores han demostrado esta semana agilidad y responsabilidad para intentar encauzar un conflicto de pareceres que lleva muchos años enquistándose y que no se podrá resolver en dos semanas, pero sí abordar sin demoras y con el mayor interés.
En un contexto como el de Ceuta es difícil prever las oscilaciones del número de menores extranjeros no acompañados de los que tendrá que hacerse cargo la Ciudad en cada momento, pero es positivo fijar máximos por centros como punto de partida para concretar las plantillas base de cada uno y optimizar su rendimiento.
Ese fue el primer acuerdo que se alcanzó ayer para un servicio que espera la construcción comprometida con fondos europeos de un centro para niños migrantes, infraestructura que se erige como otra carencia histórica difícilmente justificable.
El Gobierno está obligado a dar un trato justo a todos los empleados públicos de Menores teniendo en cuenta la dificultad de su labor y los sindicatos, a no enarbolar reivindicaciones descabelladas que atiendan exclusivamente a intereses personales para el canal de diálogo y de negociación abierto no se rompa en perjuicio del servicio.
