En febrero de 2012 escribía un artículo en estas páginas que titulé “Una vergonzosa reforma laboral”. Se trataba de un análisis de urgencia de lo que implicaría la reforma laboral del gobierno de Rajoy. Por entonces mi trabajo principal lo desempeñaba en el gabinete jurídico de Comisiones Obreras de Ceuta. Defendíamos como podíamos a los trabajadores que, sistemáticamente, eran víctimas de una crisis económica que ellos no habían provocado. Hoy, casi diez años después, escribo con satisfacción de uno de los mayores logros del Gobierno progresista de coalición de España, que supone recuperar muchos de los derechos laborales perdidos injustamente.
La clave de aquella vergonzosa reforma laboral era la desregulación de las relaciones laborales. Fue el inicio de la hoja de ruta de la derecha española, mal llamada liberal, hacia la privatización de la contratación laboral y su equiparación al contrato civil. Para ellos lo importante era (lo sigue siendo) lo que pactaran empresario y trabajador, como si de iguales se tratara, cuando todos sabemos que el poder del empresario es superior al del trabajador. Precisamente lo que intentaba proteger el derecho laboral europeo y que, poco a poco, se pretendía reducir a una mera presencia testimonial.
Lo más curioso del caso era que nuestra derecha de entonces reclamara normas nacionales y más “España” frente a las Comunidades Autónomas, mientras que en el ámbito laboral buscaban la eliminación de las normas generales y nacionales para dar primacía a las desiguales relaciones particulares entre empresario y trabajador, plasmadas a través de los Convenios de empresa. Es lo que pretendían entonces y lo que siguen pretendiendo ahora, pero con formas mucho más “macarras” (Wyoming dixit), de enfrentamiento permanente y de ofensa a los que no piensan como ellos. Es lo que practican a diario los de la derecha y extrema derecha, herederos de aquella derecha de la reforma de 2012, que a su vez lo era del régimen de la dictadura franquista.
Por tanto, no se trataba aquella reforma de ninguna “revolución laboral”, como dijeron algunos, ni solamente de que el despido sería algo mas “barato y fácil”, en opinión de otros, sino de un auténtico “golpe de estado laboral”, como certeramente calificaron algunos medios. Algunos de los economistas de cabecera de la derecha de entonces, hablaban de los despidos como una “destrucción creadora” que liberaría recursos, que pasarían a destinarse a actividades más rentables. De ahí deducían un incremento a medio y largo plazo del bienestar general, al incrementarse la productividad.
Sin embargo, a los pocos años de aquella reforma laboral, la realidad y sus datos seguían siendo tozudos y, frente a ese supuesto incremento del bienestar general, lo que en realidad ocurrió fue que hubo un crecimiento notable de las desigualdades. Así, en 2015, en otro artículo que publicamos titulado “El Marcado de Trabajo en España”, informábamos del descenso de la población activa y de que para alcanzar el volumen de ocupación de 2007, se necesitarían más de quince años, salvo que se cambiaran las políticas de empleo.
También se detectaba que los trabajadores de bajos salarios se habían visto más afectados por los impactos de la crisis, al perder de media un 23% de su poder adquisitivo, que se elevaba al 33% en el caso de las mujeres, frente al 4% que perdían los trabajadores de mayores salarios. Comenzaba a aparecer entonces el concepto de “pobreza laboral”, asociada al puesto de trabajo, a las características de los trabajadores y a las condiciones tecnológicas e innovadoras, de baja cualificación de la mano de obra, baja productividad, alto nivel de endeudamiento de empresas y familias, persistentes desequilibrios sectoriales y profundas desigualdades sociales.
Por todas estas razones, el acuerdo al que han llegado los agentes sociales y el Gobierno progresista de coalición de España es un acuerdo histórico, un éxito de todos que servirá para modernizar el mercado laboral de nuestro país, homologando nuestras relaciones laborales con Europa, y dejando atrás el modelo de devaluación salarial de 2012. Esta reforma del siglo XXI apuesta por una recuperación justa, pues reduce la temporalidad, refuerza la creación de empleo de calidad, y ofrece seguridad jurídica a las empresas, en palabras de algunos de sus protagonistas.
Evidentemente, cuando se conozca la letra pequeña de esta reforma, será el momento de analizar de forma técnica los aspectos jurídicos y económicos más relevantes de la misma. Pero, de momento, valga este artículo para reconocer el esfuerzo de diálogo desplegado y el mucho trabajo realizado hasta llegar al mismo.
Para muchos miles de trabajadores de este país, creo que es el mejor regalo de Navidad que se les podía hacer. También para la ciudadanía en general, que comienza a ver luz al final del túnel.
