Mayorías negativas

Esta semana, en el último pleno parlamentario antes de las vacaciones de verano, se aprobaron diversos proyectos del gobierno, como las entregas a cuenta de la financiación de las comunidades autónomas, la bonificación fiscal para perceptores del salario mínimo o la creación de la Agencia Estatal de la Salud Pública (rechazada meses atrás). No se ha convalidado el denominado “decreto antiapagones” (Real Decreto-ley 7/2025). Esta norma era importante para nuestra transición energética. Pero una extraña coincidencia de los partidos de la derecha (PP, VOX y UPM), con Podemos, Junts, BNG y el diputado de la Chunta Aragonesista, ha posibilitado esta derrota parlamentaria.

Evidentemente las razones de unos y otros no son las mismas, pues en estos comportamientos se mezclan argumentos interesantes, que habrá que tener en cuenta en la elaboración de una nueva norma que supere la votación parlamentaria, con intereses mezquinos y puramente electorales, con los que llevamos conviviendo demasiado tiempo. Esta situación ha llevado a que el veterano político vasto Aitor Esteban, presidente del PNV, avisara de lo que a su juicio parece que es la conformación de una “mayoría negativa” que puede complicar la legislatura.

Cuando el gobierno aprobó el decreto referido, algunas organizaciones ecologistas, como Greenpeace, celebraron que en el mismo se incluyeran medidas muy esperadas como la ampliación del radio de 2 a 5 kilómetros para el autoconsumo, así como otras encaminadas a sacar el gas de las casas mediante desgravaciones fiscales para la instalación de bombas de calor; o la agilización de los proyectos de almacenamiento; la instauración de la figura del gestor de autoconsumo colectivo o los agregadores independientes. A los que hemos intentado la formación de comunidades energéticas y hemos sufrido los innumerables problemas para ello, nos resultaban bastante interesantes estas medidas. También los proyectos de almacenamiento de energía producida por las renovables, que tanto reclamaban los expertos, para evitar, entre otras cosas, situaciones como las del último gran apagón sufrido.

Sin embargo, estas mismas organizaciones advertían que la norma contenía medidas preocupantes, como la eliminación del trámite de evaluación ambiental a baterías de almacenamiento que se encontraran dentro del perímetro de una planta que ya hubiese recibido ese visto bueno. También reclamaban más medidas para incrementar la transparencia del sector, el papel de las eléctricas y la gestión de las redes eléctricas, las interconexiones, la posibilidad de ser autónomos con energía solar en casa.

Todo ello se concretó en un decálogo de medidas que esta organización propuso a la ministra Sara Aagesen. De todas ellas, que están accesibles en la página de la organización, había una referida al fin del oligopolio eléctrico, que no había sido incluida en el decreto, separando completamente a las empresas y grupos que realicen actividades energéticas reguladas y liberalizadas, de manera que ninguna empresa que posea más de un 15% del mercado de generación, distribución o comercialización pueda estar verticalmente integrada. Esta ha sido una de las cuestiones más más criticadas por las organizaciones parlamentarias de izquierda que han votado en contra.

En un artículo que escribía hace unas semanas titulado “Transición energética” a raíz del apagón, utilizaba el último libro de Pedro Fresco, uno de nuestros mayores expertos energéticos, titulado “Energy Fakes”. La primera incógnita a la que intentaba dar respuesta en el mismo era a la resistencia a la ocupación de terrenos para la instalación de renovables, y a la pregunta de que si se puede generar toda la energía que necesitamos con paneles en los tejados. La respuesta de este experto, con datos, era que no.

Respecto a que las “macroplantas” renovables destruyen la biodiversidad, explicaba que con la elección adecuada de zonas en las que instalarlas y con estudios de impacto ambiental adecuados, se evitarían gran parte de estos perjuicios. De ahí la poca oportunidad de eliminar la obligatoriedad de este informe en algunos casos de instalación de baterías. Pero también nos indicaba que estas instalaciones, necesarias si queremos descarbonizar la atmósfera, tienen un impacto muy inferior al que tendría el incremento de un par de grados en el clima, que causaría la sexta extinción masiva de especies y arrasaría con la biodiversidad y los ecosistemas.

Los estudios disponibles indican que si queremos llegar en 2050 al denominado Net Zero, en nuestro país deberíamos producir 200 GW de energía solar fotovoltaica (50 GW en los tejados y 150 GW en el suelo) y 160 GW de eólica (20 GW de eólica marina y 140 GW de eólica terrestre. Energía renovable que sería perfectamente integrable en la red eléctrica, pese a los bulos que últimamente corren por las redes.

Por tanto, confeccionar una nueva norma que sea más acorde con los intereses de la mayoría de los grupos parlamentarios, es urgente para nuestra transición energética, y requiere de la responsabilidad de la clase política, para alejarnos del peligro de la “mayoría negativa” denunciado por el veterano político vasco.

A ver qué ocurre en los próximos meses. De momento parece que se pierden 3.000 millones de euros en inversión y se prevé un incremento de la factura de la luz para la industria electrointensiva entre un 3% y un 12%, según algunos medios. Esperemos que la razón triunfe y se reconduzca la situación.