Salvadora Mateos, quien fuera delegada del Gobierno en Ceuta, se ha enfrentado en la tarde de este miércoles al momento que le esperaba desde hace cuatro años: prestar declaración sobre la devolución de menores marroquíes que habían accedido a la ciudad tras bordear unos espigones en los que Marruecos no ejerció control de vigilancia alguno.
Aquellas entradas del 17 y 18 de mayo causaron los momentos más delicados vividos en Ceuta. Mateos contactó con las fuerzas de seguridad, pero también con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, al que ofreció toda la colaboración para afrontar lo que estaba pasando.
El Gobierno local pidió la devolución de esos menores, aplicando el retorno de esos niños a su país de origen. Esa comunicación se dirigió, por parte de la administración de la plaza de los Reyes, al secretario de Estado de Seguridad, Rafael López.
Era un momento difícil para el Gobierno de España, ya que estaban rotas las relaciones con Marruecos y el único autorizado para hablar con el vecino país era el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien mantenía relaciones en el ámbito de seguridad. “Era el único ministro que tenía relaciones con Marruecos”, ha explicado Mateos.
En ese ministro, Mateos confió, sin pensar en ningún momento que pudiera estar obrando de manera ilegal. “Me fie, si el ministro me dice que está bien”…, obraría en consecuencia.
A principios de agosto, se le detectó covid, quedando aislada. “En el Ministerio del Interior había una persona que hablaba con Marruecos, al margen del ministro. Marruecos dijo que sí” aceptaría a sus menores, ha recordado la que fuera delegada del Gobierno, por lo que se puso en marcha la maquinaria oportuna.
Madrid avaló con un escrito la puesta en marcha de la salida de los menores a Marruecos. Ese escrito lo había recibido, ha apuntado Mateos, el fiscal de menores. “Se iba a poner en marcha”, esa devolución, ha recordado.
Aquel escrito decía “hay que hacer esto”, por lo que se interpretó como una orden.
En el vecino país se había preparado todo para que los menores volviesen con sus padres, “que habían estado pidiendo que regresaran”.
“Primero quería tener seguridad de que los niños se iban a recibir como debía ser”, ha declarado, verificándose entonces que esos menores estarían en un centro de Río Martil.
“Llamé directamente al cónsul para que se acercara a ese centro y viera cómo era. A las dos horas me llamó, me dijo que me quedara tranquila porque era un centro muy bien preparado, con una zona para mujeres maltratadas y otra para que los niños que estaban en Ceuta pudieran volver”.
Al margen de esto, la propia ‘Ory’ convocó una reunión en la frontera a la que no fue al estar aislada con covid. Fue una manera de reforzar esa tranquilidad. Marruecos pensaba que los niños se iban a entregar ese día, por eso había medios.
¿Era correcta la aplicación de este acuerdo al margen de la ley de extranjería para devolver a los menores?, ¿dudó en alguna ocasión Mateos?, ¿pensaba que cometía una ilegalidad?
“Me dio tranquilidad que el fiscal de menores había recibido el mismo escrito que yo y no me había dicho nada”, ha insistido.
Por parte de la Delegación nunca se pensó que el retorno de esos menores suponía incumplir la ley. Muchos niños, de hecho, querían volver con sus padres.
En grupos de 15, los menores fueron devueltos a su país hasta que aquel procedimiento se detuvo. Lo que nació como algo que se entendió amparado por la ley ha terminado dando lugar a este procedimiento judicial que atraviesa esta semana su fase estelar que no es otra que la celebración de la vista oral.
Hoy, antes de la declaración de Mateos, se ha podido escuchar las declaraciones de dos personas que trabajaron en el Ministerio de Derechos Sociales y que han cuestionado la operación avalada por Interior.
Ha quedado demostrada esa particular ‘lucha’ entre ministerios que chocaron frontalmente sobre la manera de intervenir.
Ignacio Álvarez, quien fuera secretario de Estado de Derechos Sociales, reconoció que “teníamos dudas de que se respetaran las circunstancias individuales de los menores, dudas sobre la legalidad vigente”, ha indicado.
El 14 de agosto informó de que podía estar incumpliéndose la legalidad y “que la operación debía detenerse porque se incumplía la legalidad vigente”.
No tenían información clara del protocolo que se estaba siguiendo, “teníamos sospechas y nos preocupaba la inobservancia de la normativa vigente”.
El 15 y 16 de ese mes “solicitamos que se parara la devolución hasta que se cumplan los requisitos legales. Entendemos que las órdenes partían de Interior”, ha recalcado, cartera que sí consideraba que actuaba de acuerdo a la normativa.
Violeta Assego, directora general de los derechos de la infancia en el ministerio, también ha insistido en la preocupación que se tenía porque “debía respetarse el interés del menor”.
“Había preocupación porque se procediera al traslado de menores sin respetar la legalidad vigente. Había preocupación porque no se cumpliera la normativa en materia de protección de la infancia”, ha resaltado.
Cuando se produjeron las devoluciones, ha reconocido el sentimiento existente en el equipo ya que “no nos podíamos creer que eso se estuviera llevando a cabo, que se hiciera de manera inmediata, sin seguir una pauta, nos tenía sobrecogidos a todos”.
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