El periódico Al-Akhbar informó el martes 18 de febrero sobre una creciente campaña de difamación a través de páginas de Facebook dirigida contra varios funcionarios de la administración pública en la zona de M'diq, Marruecos.
Las publicaciones incluyen graves acusaciones y ataques repetidos, que han motivado la intervención del Ministerio del Interior para tomar acciones inmediatas.
Investigación y seguimiento minucioso de las autoridades
Ante la magnitud de la campaña, el Ministerio del Interior ha decidido seguir de cerca estos casos, con el objetivo de asegurar que se tomen medidas judiciales apropiadas. Las autoridades están revisando detalladamente las denuncias previas que habían sido archivadas, con el fin de determinar si deben reabrirse bajo nuevas investigaciones. Asimismo, el ministerio ha solicitado la recopilación de pruebas adicionales que respalden las acciones judiciales, para poder actuar en consecuencia.
Fuentes cercanas al proceso han confirmado que el ministerio está revisando los informes elaborados por las autoridades locales de M'diq, que documentan las publicaciones difamatorias en redes sociales. Estas publicaciones, que superan los límites de la libertad de expresión, no solo atacan la integridad de los funcionarios, sino que también afectan a sus familias. La campaña tiene como objetivo desprestigiar la imagen pública de los implicados, algo que el Ministerio del Interior considera inaceptable.
La respuesta a los responsables de la difamación
De acuerdo con las mismas fuentes, algunos de los usuarios que han estado promoviendo estos ataques ya tienen antecedentes judiciales por difamación, lo que indica que sus acciones no son parte de una actividad periodística legítima, sino más bien un intento premeditado de desacreditación.
Recientemente, un bloguero de Martil fue condenado por el Tribunal de Primera Instancia de Tetuán por publicar contenido difamatorio. En este contexto, las autoridades locales también habían presentado un informe en su contra.
El ministerio también ha señalado que, en relación con una denuncia archivada contra un alto funcionario en M'diq, las acusaciones graves no fueron ratificadas por el demandante, quien ocupa el cargo de vicepresidente del Consejo de la Prefectura. Este cierre del caso ha generado interrogantes sobre las circunstancias que llevaron a tomar dicha decisión.
El Ministerio del Interior ha dejado claro su rechazo total a la difamación y ofensas contra los funcionarios públicos, asegurando que no permitirá concesiones ni indulgencias en este tipo de casos. En respuesta, se ha creado un nuevo organismo dentro del ministerio para evaluar el desempeño de los funcionarios mediante visitas de campo. Este organismo se encargará de hacer un seguimiento de sus trayectorias profesionales, basándose en informes detallados, con miras a tomar decisiones de ascensos o traslados.
El ministerio también ha expresado su rechazo a las páginas de Facebook sospechosas que se dedican a difundir acusaciones infundadas, subrayando que la evaluación de los funcionarios no debe ser influenciada por estas plataformas, que muchas veces operan con fines personales.
Finalmente, cabe mencionar que varias organizaciones de derechos humanos en Tetuán han advertido sobre la tendencia creciente de difamación a través de Internet, que afectan a funcionarios públicos y presentan acusaciones falsas sobre proyectos de inversión. Estas plataformas continúan operando sin restricciones, lo que genera preocupación en cuanto a la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades para frenar su actividad.
