El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anuncia un plan especial de seguridad para luchar contra el narcotráfico en el Estrecho. Lo hace después de que el lobo se lo haya comido al no haber atendido las continuas advertencias que le hacían los que saben de esto, que son aquellos que arriesgan sus vidas.
Hace ya tiempo denunciaron el empleo de armas de guerra a bordo de las narcolanchas, pero el Ministerio prefirió negar los vídeos difundidos y hablar de casos aislados.
También se criticó la problemática del petaqueo y el choteo permitido, lo que no hacía sino alimentar el negocio del narcotráfico. De todo esto y de mucho más se habló buscando que Interior moviera ficha para que la zona del sur no se revolviera otra vez de la peor de las maneras, con muertes, disparos y sucesos de gravedad.
Ahora, ya saben, toca hacer política. Y esta viene envuelta en papel de regalo por Navidad, con medidas hasta 2027 para asumir los desafíos a los que se enfrentan las fuerzas de seguridad.
En el fondo, de lo que se trata es de recuperar todo el tiempo perdido y volver a recorrer el camino abandonado. Y eso es complicado, sobre todo cuando se ha dejado que el crimen organizado se haga fuerte y que se vea ya como algo normal las persecuciones, los disparos y las muertes.
Esto no funciona así, o, al menos, no debería, porque se ponen en riesgo las vidas de quienes están precisamente encomendados a la protección de las del resto.
Durante años se han dado cesiones a base de dejación de funciones. Y eso es malo para todos. Ahora se anuncian acciones inmediatas, aunque se echa de menos la obligada reflexión de cómo hemos llegado a este punto sin que nadie asuma responsabilidades.
