En 2021, la actividad de los órganos judiciales volvió a la normalidad, que se había visto alterada durante 2020 por la crisis sanitaria del Covid-19, tal y como muestran los datos contenidos en el informe estadístico sobre la 'Situación de los órganos judiciales en el cuarto trimestre de 2020', difundido este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial y recogidos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El pasado año ingresaron en los juzgados y tribunales de Ceuta 14.291 asuntos, un 9,1 por ciento más que en 2020.
En el mismo periodo, se resolvieron un total de 14.071 asuntos, un 12,4 por ciento más que en 2020 y quedaron en trámite 3.917 asuntos, lo que representa una disminución de la pendencia del 0,8 por ciento respecto al final de 2020.
Todas las jurisdicciones, excepto la contenciosa-administrativa experimentaron un importante incremento tanto en el número de asuntos registrados, como en el de resueltos.
En la jurisdicción Civil el número de litigios ingresados en 2021 fue de 4.123, lo que ha supuesto un incremento del 28 por ciento respecto al año anterior. En esta jurisdicción se resolvieron 3.887 asuntos, un 29,4 por ciento más que en 2020. Este nivel de actividad permitió que la pendencia disminuyera, con 2.112 en trámite a final de año, un 12,2 por ciento menos que al término del anterior ejercicio.
Las 8.881 causas ingresadas en la jurisdicción Penal representan un incremento del 4,3 por ciento respecto a 2020. Los procesos resueltos sumaron 9.269, un 15,5 por ciento más que en 2020, y los pendientes ascendieron a 1.027, es decir, un 28,7 por ciento menos que un año antes.
La jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo es la única en la que se registraron menos asuntos el pasado año en relación a 2020.Así, en 2021 se registraron 511 causas, un 31,6 por ciento menos que el año anterior. Los 486 trámites resueltos supusieron un descenso del 55 por ciento respecto a 2020. Pendientes de resolución quedaron a final de año 578 asuntos, un 0,5 por ciento menos.
Los asuntos registrados en la jurisdicción Social, 776 aumentaron un 26,7 por ciento respecto a 2020 cuando comenzó la pandemia y cayó la actividad judicial. Aún así se resolvieron 429 asuntos, un 5,4 por ciento más que el año anterior; y los 578 asuntos en trámite a final de año representan un 57,1 por ciento más que en 2020.
La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 132,3 asuntos por cada 1.000 habitantes.
Las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (171,1), Andalucía (144,1), Madrid (137), Murcia (134,5), Asturias (133,9), Cantabria y Comunidad Valenciana (132,4). Los territorios con una tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (94,9), País Vasco (100,3) y Navarra (101,6).
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