La consejera de Hacienda del Ejecutivo local, Kissy Chandiramani, cifró ayer en 11 millones de euros la inversión realizada por la Ciudad Autónoma en la limpieza de los centros educativos donde tiene esa competencia. El desembolso público, por cuantioso, no ha dado ni de lejos el resultado esperado, pues el servicio lleva años en el ojo de la polémica, con constantes denuncias de los directores de los colegios y de los sindicatos.
Según avanzó ayer la miembro del Gobierno de Ceuta, en 2023 habrá un nuevo contrato formalizado una vez que se convoque y adjudique la correspondiente licitación.
Una vez frustrada la opción de encomendar el trabajo a Tragsa, como se había barajado, ahora deben ser los técnicos de la administración los que elaboren unos pliegos precisos que delimiten al detalle las obligaciones de las licitadoras para que la empresa que se haga cargo del servicio tenga muy claras sus obligaciones, así como evitar que se presenten propuestas temerariamente bajas que acaben generando más problemas de los que hay.
La entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público ha hecho más tortuosa su tramitación y es frecuente que las licitaciones de la Ciudad se alarguen mucho más de lo debido, especialmente cuando se presentan recursos.
Para gestionar esas complicaciones también es necesario convocar los concursos con el margen suficiente, algo que no siempre ha sucedido. En el caso de la limpieza de los colegios, una vez desatados los conflictos registrados, es preciso asegurar una prestación en condiciones de la misma hasta que expire la concesión actual y obrar con diligencia para que la próxima no reproduzca los mismos problemas.
