La entidad que denunció la expulsión de menores sigue fuera de la causa penal

La presidenta de la asociación L'Escola AC, la entidad sin ánimo de lucro que denunció ante la Fiscalía las condiciones en las que se devolvió a Marruecos en agosto del año pasado desde Ceuta a 55 menores solos, Nuria González, denunció ayer las “trabas” que se está encontrando para poder ejercer la acusación popular en el Juzgado de Instrucción número 2.

Su titular lleva las diligencias penales abiertas sobre la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta Primera de la Ciudad, Mabel Deu, por un presunto delito de prevaricación continuada y hasta ahora no ha aceptado definitivamente su personación si no es previo depósito de 1.500 euros como fianza, cantidad que escapa a sus limitadas posibilidades económicas.
“La jueza ha emitido hasta tres providencias pidiendo que nombremos abogado y procurador, algo que ya hemos hecho, y ahora solicitando 1.500 euros de fianza cuando inicialmente solo requería que propusiéramos una cantidad 'bastante' para personarnos”, ha lamentado la letrada tras “un mes en el que no hemos podido acceder a ninguna documentación a pesar de que fue por nosotros por quienes se abrió el procedimiento”.

Según González, “tres veces nos han mandado la misma providencia, a veces ni por escrito, sino vía telefónica, y lo que nosotros esperamos es una resolución en la que conste que no se acepta la fianza que hemos propuesto, simbólica porque somos una entidad sin ánimo de lucro, y un pie de recurso”. Tras ser aceptada provisionalmente, la asociación ha vuelto a ser excluida de la causa.
“En Cataluña, por ejemplo, existe un acuerdo con la Fiscalía para que las entidades que se personan en asuntos relacionados con maltrato a animales solamente tengan que depositar una fianza simbólica para facilitar la entrada de la acusación popular en los procedimientos, pero aquí se está coartando a pesar de que fuimos quienes iniciamos el procedimiento”, critica la abogada.

L’Escola presentó en Granada hace 13 meses la denuncia que abrió el caso

La presidenta de L'Escola cree que la actitud del Juzgado “tiene mucho que ver” con “el comportamiento que ha adoptado la otra acusación popular [la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado], que no había tenido nada que ver hasta ahora con este asunto y que se está dedicando a airear el procedimiento y a enfocarlo políticamente, no en busca de una resolución judicial que diga que en España se vulneraron los Derechos Humanos para que no vuelva a suceder”.
Desde su punto de vista, la acusación popular que sí está ya personada previo depósito de 1.500 euros “tiene mucho más interés en poner el foco en altos cargos de Madrid que no van a ir a Ceuta en absoluto en lugar de hacer fuerza junto a la Fiscalía para que haya una sentencia en España de una vez por todas sobre un asunto de Derechos Humanos de menores, que no hay precedentes”.
“Si no fuera por L'Escola este procedimiento no existiría, así que entendemos que tenemos el derecho desde primera hora de formar parte de él, con independencia de que la Fiscalía haya coincidido con nuestro criterio y lo haya llevado hacia adelante”, estima González, que considera evidente que “es trascendente que la ciudadanía pueda participar y estar representada en un proceso que tiene que ver con el interés común, el respeto a los Derechos Humanos en un país como España”.
“No existe ninguna tabla que establezca cuál es la fianza a depositar para participar en un procedimiento, depende del arbitrio del juez instructor, pero en este caso creo que ha dejado pasar a una entidad que está haciendo de este juicio un circo mediático y nosotros, que tenemos un interés serio y de origen, estamos pagando los platos rotos”, ha protestado.