Llevamos más de dos años de enfrentamiento larvado entre el Gobierno autonómico y la Unión General de Trabajadores en relación con las demandas presentadas por el sindicato por los nombramientos directos de personal de confianza del Ejecutivo. Unas demandas judiciales que se iniciaron contra quienes ocupaban determinadas áreas como subdirectores generales.
Pues bien, fuentes de la UGT consultas por esta redacción, señalan que ellos nunca han entrado a valorar la posibilidad que tiene el presidente Vivas de nombrar a personas de su confianza, pero que cuando se inició el conflicto resultaba que estos políticos tenían la categoría de subdirectores generales y que fueron determinados funcionarios quienes les instaron a comenzar la protesta, ya que consideraban lesionados sus derechos de poder acceder a los mismos, al entender que eran puestos que solamente podían estar ocupados por personal que tuviera la condición de funcionario público.
¿Por qué siguió luego, cuando el Juzgado les dio la razón en este batalla legal? Recordemos que los seis subdirectores generales tuvieron que ser cesados, debido a que la Justicia entendió que los nombramientos no eran acordes. Pues bien, se señala que continuaron con las demandas, debido a que los seis subdirectores generales fueron luego nombrados viceconsejeros del Gobierno y desde esa posición, los servicios jurídicos de la central sindical entendían que se estaba produciendo una burla a la anterior decisión de la Justicia.
Como todos conocemos, en primera instancia, en los Juzgados de lo Contencioso de nuestra ciudad, la razón cayó del lado de la Unión General de Trabajadores e incluso ya se bajó a analizar la capacidad de autoorganización de la Ciudad Autónoma y la consideración de Ceuta como un Ayuntamiento, no como un ente autonómico. De todas maneras, explicar que la Ciudad recurrió las sentencias y tres de ellas que ya salido del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía establece que la UGT no tiene competencias para presentar estas demandas. Y el sindicato ya ha anunciado que irá hasta el Tribunal Constitucional.
Una situación que llevó al Gobierno del presidente Vivas a solicitar a la Administración General del Estado la inclusión de disposiciones adicionales en la última reforma de la Ley de Régimen Local y que ahora culminará con la aprobación de un nuevo Reglamento de Gobierno que está a punto de aprobarse.
