Como era de esperar, el equipo rectoral de Pilar Aranda en la Universidad de Granada, contra viento y marea, y pese a la oposición de la mayoría de partes interesadas, ha aprobado en el Consejo de Gobierno del pasado 25 de noviembre, la normativa de traslados del profesorado, entre los distintos Campus que cuenta la misma. Como ya hemos dicho en alguna ocasión, es una de las normativas más restrictivas que se conocen en la Administración Pública, hasta tal punto que lo único que va a conseguir es que nadie quiera venir a trabajar aquí, ante las nulas perspectivas de traslado existentes y que, por contra, los jóvenes profesores que imparten docencia con nosotros, concursen a otros puestos a la mínima oportunidad. Hagamos algo de historia.
El profesor Trujillo lo describe bastante bien en su informe de lo que ha ocurrido en el Consejo de Gobierno del viernes, al explicar por qué ha votado en contra de dicha normativa. Como nos recuerda, “Nuestra facultad proviene de una Escuela Universitaria en la cual una veintena de compañeros y compañeras mantenían con dignidad el nombre de la UGR en una situación complicada en comparación con Granada. En aquella época era muy costoso (en esfuerzo, tiempo y dinero) realizar una carrera investigadora y, efectivamente, muchos de ellos han dedicado su vida profesional a la docencia. El alto grado de satisfacción y la buena formación de nuestros egresados (y su incorporación al mundo laboral) demuestra la calidad de su trabajo.”.
En estas circunstancias, el interés por estos centros no ha sido más que por imagen. La Universidad de Granada es la única de Europa con Campus en dos continentes, pregonan a los cuatro vientos. Nadie quería venir aquí. Y los pocos que lo hacían, usaban Ceuta y Melilla como “trampolín” para dar el salto a Granada. No es casual que no tengamos ningún Catedrático de Universidad en nuestras plantillas. O que algunos de los Decanos de ambos Campus, ni siquiera cuenten con la acreditación de Profesores Titulares de Universidad. Como tampoco es casual que muchos profesores sean asociados y a tiempo parcial.
Sin embargo, la situación empieza a cambiar. La crisis económica y las restricciones en las convocatorias de plazas, ha empujado a muchos jóvenes profesores a concursar y competir por plazas en Ceuta y Melilla. Evidentemente, en muchos casos, para salir corriendo para Granada en cuanto la situación se lo permita. Cierto es que investigan y engrosan su currículum, incluso en circunstancias difíciles de aislamiento. Las nuevas tecnologías lo permiten en muchos casos. Pero casi siempre con la vista puesta en irse cuanto antes. La posibilidad de trasladarse, como hace cualquier empleado público, es una de las demandas más repetidas.
Lo que decimos los que llevamos tiempo viviendo y trabajando en Ceuta es que, además de los incentivos que existen en forma de bonificaciones impositivas o pluses de residencia, es necesario algo más. En múltiples ocasiones hemos reclamado un Plan especial para abordar la situación de nuestros Campus en ambas ciudades. Plan que debería contar con todas las partes interesadas (estudiantes, profesores, Ciudad, equipos decanales y rectorales, agentes sociales…) y que diseñara una serie de medidas que incentivaran, tanto el incremento de alumnos, como el deseo de los profesores por permanecer en ambas ciudades.
En el primer caso, se trataría de medidas que motivaran a los estudiantes a matricularse en nuestros Campus, por ejemplo con precios de matrículas más reducidos, con una mayor oferta de titulaciones (lo que ha hecho Melilla), con una línea especial de becas, o con residencias subvencionadas. Esto es posible hacerlo. En el segundo caso, se trataría de facilitar el acceso a contratos de mayor estabilidad, o a plazas de Profesor Titular o incluso de Catedrático, realizando concursos específicos al margen de los generales de la Universidad. También adoptando medidas para facilitar la investigación, en forma de líneas especiales de creación y financiación de grupos en los Campus, estudios de postgrado, u otras cuestiones parecidas. Todo ello no restaría calidad al profesorado, ni al alumnado, pero reforzaría los Campus con mayor presencia de personal, lo cual también incrementaría los ingresos y el impacto económico positivo en la Ciudad. Pensar en la necesidad de que Ceuta y Melilla sean ciudades universitarias de alta calidad en un contexto como el que nos movemos, no es ninguna idea descabellada. Si se hace, seguro que atraemos talento.
Pero, ¿qué ha hecho el equipo rectoral, con la ayuda de algunos Decanos de Melilla?. Pues justamente lo contrario. Aprobar una normativa de traslados que exige a los profesores que vengan, permanecer más de cuatro cursos académicos completos en los Campus, para poder acceder al mismo, y que tengan acreditado y vivo un sexenio de investigación, lo cual no es fácil. Mucho menos con la reciente normativa aprobada por el actual gobierno. De esta forma privan del derecho al traslado a casi un 30% de la plantilla del profesorado, que son los que no disponen de sexenio vivo en toda la Universidad de Granada, y desincentivan a los profesores jóvenes a venir a estas ciudades, ante el temor de que tengan que permanecer aquí, por mucho tiempo.
En definitiva, han creado una normativa que nos convierte en una especie de Jaula de Oro, de la que no podrán escapar en muchos años los que lleguen a ella. Ante esto, no han dejado otra opción que la de hacer valer los derechos de los profesores de la Universidad de Granada a través de los Tribunales de Justicia. Una cosa parecida a lo que ha hecho Rajoy, que ya ha conseguido poner en su contra a los agentes sociales y que convoquen movilizaciones.
