Bambi ha muerto llevándose tras de sí el talante, el buen rollo y la política insostenible de la imagen y del querer contentar a todos a costa de todos y de todo. El lobo no podía portar por más tiempo la piel de cordero y comienza a mostrar su hirsuto pelaje. Es revelador que el hasta ahora Ministro del Interior y actual candidato socialista a la presidencia del Gobierno, no haya abandonado sus cargos en el poder visible hasta haberse asegurado, mediante un pacto con el Partido Popular, el veto al derecho de manifestación de los guardias civiles. No podemos ni debemos pasar por alto un gesto nada baladí si observamos la forma, el tiempo y las circunstancias que lo circunscriben.
En plena tormenta económica y social, es cuanto menos un tanto extraño que un Vicepresidente primero del Gobierno comprometido públicamente ante todo en luchar contra el paro y la crisis, lo primero y último que haga desde que abandona el paraguas del Presidente del Gobierno hasta que dimite de sus cargos, sea pactar con la oposición la aprobación por la vía de urgencia y mediante métodos bastante oscuros, el veto al derecho de manifestación de los guardias civiles. ¿Tan importante es este punto para sus proyectos?.
La Ley de Derechos y Deberes de los Guardias Civiles recoge este derecho constitucional; esta Ley fue elaborada por el propio Gobierno socialista y aprobada en 2.007, tal vez convencidos de que después aplicarían la trampa, una trampa que ha consistido en el hecho de no autorizarse prácticamente ninguna de las manifestaciones convocadas por los guardias civiles, amparándose en argumentos falaces y rebuscados, que tras los oportunos recursos ante la Justicia por parte de los organizadores siempre han quedado desbaratados y las manifestaciones se desarrollaron libremente ante la contrariedad e incredulidad del Gobierno socialista. Eso sí, en todas se han cobrado con la represión y el expediente de algunos representantes asociativos.
Está claro que hicieron la ley, después intentaron aplicar la trampa, y ante los reveses y el orden impuesto por los jueces, han decidido eliminar de una vez asunto para ellos tan espinoso.
Pero, las preguntas siguen siendo las mismas: ¿por qué ahora?, ¿por qué tantas prisas?, ¿por qué pactarlo con la oposición, cuando asuntos obviamente más graves en la coyuntura actual que habrían justificado ante la opinión pública un pacto ni siquiera se lo han planteado?.
Lo único que queda claro es la intención de garantizarse una Guardia Civil ultramilitarizada y dócil, que parece más orientada a convertirse en una fuerza de seguridad del Gobierno que del Estado, como constitucionalmente queda recogido.
Si amenazador es para una democracia la existencia de un partido único, peor lo es, si cabe, que ese partido único nazca de acuerdos contra natura tomados en la sombra y a espaldas de los votantes de los dos partidos depositarios mayoritariamente de las esperanzas de los españoles. Ya no se trata de reivindicar el cumplimiento de promesas electorales, no se trata de cuestiones salariales. Es la propia democracia, y la auténtica soberanía de la ciudadanía lo que se está poniendo en juego.
Por eso es necesario restituir los derechos constitucionales que se están arrebatando a los guardias civiles. Hoy son ellos los afectados, pero las circunstancias apuntan a que el problema no va a quedar ahí parado. Los métodos, en caso de funcionar, tienen todo el aspecto de ser muy demandados en un futuro no muy lejano.
