Resulta complicado estar en contra de las tesis que hoy hace públicas las Asociación Unificada de Guardias Civiles cuando se lamenta de la presencia activa de miembros en el Cuerpo que, aún siendo condenados en sentencias firmes que no conllevan inhabilitación, siguen desarrollando sus labores.
Lo que puede ser legal no deja de ser inmoral. En cualquier fuerza de seguridad, no solo en la Guardia Civil, debería ser de obligado cumplimiento el apartar de manera fulminante a alguien que ha estado inmerso en cualquier actuación al margen de la legalidad. Es intolerable que la ciudadanía compruebe cómo aquellos condenados que se conforman con faltas o alcanzan acuerdos para que no se les aplique la inhabilitación siguen en sus labores como si nada hubiera pasado, continúan, por ejemplo, sancionando o aplicando las normas cuando arrastran un paso por los tribunales con sentencias contra las que ya no cabe recurso. Hay líneas que nunca deben sobrepasarse porque causan un descrédito general en unas instituciones que son y deben seguir siendo respetadas tanto por el bien de toda la ciudadanía como de quienes las integran. AUGC pide “mano dura” contra los funcionarios condenados. Es vergonzoso que quien está obligado a que el resto cumplamos con las leyes no dé el ejemplo.
