Las bases de la Benemérita están indignadas después de que la cúpula del Cuerpo se haya negado a publicitar las recomendaciones del Defensor del Pueblo respecto al derecho de manifestación. Las críticas se centran, sobre todo, en la figura del general Cándido Cardiel, dirigente de un aparato que se niega a admitir que los guardias civiles puedan disponer de derechos de manifestación, como les ha reconocido los tribunales en primera instancia y como les reconoce el Defensor del Pueblo.
La AUGC ya ha enviado una carta a sus asociados explicando lo que está ocurriendo, además de que ha remitido una queja oficial por el incumplimiento que se está produciendo. Recuerda la asociación cómo desde la institución del Defensor se emitió una resolución donde se manifiesta su posición favorable a que el derecho de manifestación de los guardias civiles no sea coartado, sino todo lo contrario como derecho fundamental se deba ejercer.
AUGC ha solicitado a la dirección general a través de su dirección adjunta operativa (DAO) que dicha resolución se publicite por los medios oficiales ya que al afectar a un derecho fundamental debe ser de común conocimiento de todos los agentes.
La contestación ha sido desfavorable a lo que se pedía, así que, por los mismos cauces se ha cursado una queja al Defensor para que actúe en consecuencia. Lo que pretende AUGC es buscar el amparo, al margen de analizar hasta qué punto pueden adoptar medidas de presión contra la actitud de Cardiel, tras negar la difusión a través de la intranet interna del Cuerpo de la resolución. Una resolución que fue motivada ante las presiones y sanciones que los guardias civiles recibieron por parte del mando tras las diversas manifestaciones que convocaron o a las que han acudido. Los sancionados recurrieron a los tribunales, que en primera instancia les fueron dando la razón, mientras PP y PSOE llegaban a un acuerdo para ir minándole derechos modificando las leyes.
