Caballas sigue en sus trece. “Debe ser más flexible porque el Programa de Alojamiento Alternativo constituye un elemento clave de la política social de nuestra Ciudad. No en vano, la dificultad, o imposibilidad, de acceso a una vivienda digna es uno de los principales problemas de la ciudadanía en general y de los jóvenes en particular, que trunca de raíz las posibilidades de desarrollo de centenares de proyectos familiares”, apuntó Hamed, la diputada de la oposición. Por ello resulta de una gran importancia que los instrumentos que desarrollan este programa sean los adecuados a la realidad sobre la que operan, con la intención de dotarlos de plena eficacia. Entre estos instrumentos destaca, obviamente, el Reglamento que regula la prestación de esta prestación.
Caballas ha detectado que determinados preceptos, requisitos o exigencias contemplados en el vigente Reglamento suponen un recorte o una privación, “en ambos casos injustos”, recalcan, de la prestación por la vía de los hechos, “que vulnera el propio espíritu del Reglamento”.
La Ciudad insiste en que no y que por ejemplo, el problema de las cédulas de habitabilidad es “algo que se ha decidido y que establece la ley por el bien de los residentes en esas casas. Es una garantía de que se encuentran en un espacio digno”.
Hamed insiste en que el cumplimiento de los fines pretendidos con este programa, “nos obliga a perfeccionar el Reglamento, introduciendo algunas modificaciones tendentes a corregir los desajustes observados en su aplicación práctica y deben tenerse en cuenta”. Tras enumerar todas las condiciones que mejorarían el reglamento la consejera ha recordado que en lo que se refiere a la modificación de los tres meses como máximo en alojamiento de urgencia, que ése es un tiempo suficiente y no se debe perpetuar sino buscar otras alternativas y “tres meses es un tiempo suficiente para gestionarlas ya que debe establecerse un máximo de estancia puntual para este tipo de alojamiento”.
Desde Caballas insisten en que la situación está cada vez más complicada para muchas familias y en este sentido la Asociación por una Vivienda Digna ha manifestado los problemas con los que se encuentran decenas de personas en lo que se refiere a conseguir la cédula de habitabilidad que se ha vuelto obligatoria. “Es una garantía para esas personas y si no tienen la cédula no se les da la ayuda pero se les otorga un plazo para que la soliciten en caso de no tenerla y si es necesario se les da una tregua y si no pues el tiempo suficiente para que busquen otra casa”, apuntó la consejera.
Cáritas de Cádiz y Ceuta destina casi 2 millones a los necesitados
La celebración del Corpus Christi este domingo, considerado como el Día de Caridad, es la fecha elegida por Cáritas Diocesana de Cádiz y Ceuta para rendir cuentas públicas de la acción desarrollada a lo largo del año y sus respuestas a los efectos de una precariedad social que va en aumento. A lo largo de esta semana, junto a un variado programa de actividades de sensibilización pública para difundir los objetivos de la Campaña del Día de Caridad, que este año tiene como lema ‘Juntos escribimos la historia. Vive con sencillez y otro modelo de convivencia nos hará felices’, Cáritas Diocesanas da a conocer las líneas prioritarias de su acompañamiento a las personas vulnerables. En el año 2012, del total de los fondos invertidos, el 43% (858.731 euros) se han destinado a los programas dirigidos a colectivos excluidos: desempleados y personas sin hogar, entre otros, mientras que el capítulo de acogida y atención primaria aglutina el 41% de los recursos anuales de Cáritas (799.935 euros). Junto con esta acción desarrollada en el territorio diocesano, el compromiso de Cáritas con los países del sur representó en 2012 el 4% de los recursos totales (69.811 euros); esta cantidad se detalla en acciones de educación al desarrollo, comercio justo y campañas de emergencia. Por último, el resto de la recursos invertidos, un 9% (183.865 euros) se dedica a labores de animación y formación del voluntariado y a actividades de sensibilización y comunicación y un 3% (72.812 euros) a la gestión administrativa. En concreto, los recursos invertidos proceden en un 64% de fondos propios (colectas parroquiales, cuotas de socios y donaciones particulares), un 27% de Administraciones Públicas, un 7% de entidades privadas y un 2% corresponde a las aportaciones condicionadas para la colaboración en campañas de emergencia de los países del sur. Total: casi dos millones de euros.