El grupo plurinacional Sumar ha presentado en el Congreso, cámara con un diputado por Ceuta, una proposición no de ley con la que reclama la revisión de varios artículos del real decreto aprobado en 2025 (penalización) que regula la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores para determinadas profesiones consideradas peligrosas o penosas.
La iniciativa parlamentaria plantea, entre otros aspectos, la posibilidad de introducir el silencio administrativo positivo en aquellas solicitudes que no obtengan una respuesta expresa por parte de la Administración.
Según defiende Sumar, el actual diseño normativo genera problemas prácticos y limita injustificadamente la capacidad de algunos colectivos para mejorar sus condiciones de acceso a la jubilación anticipada.
El real decreto, impulsado por el Ministerio de Seguridad Social que dirige Elma Saiz, estableció el procedimiento previo para identificar qué actividades profesionales pueden beneficiarse de una reducción en la edad legal de jubilación debido a la peligrosidad, penosidad o toxicidad de su desempeño.
No obstante, el grupo plurinacional considera que el texto aprobado en mayo del año pasado presenta “serias preocupaciones” en varios de sus artículos.
La proposición no de ley, promovida por la dirigente de En Comú Aina Vidal señala que la normativa vigente impide revisar los coeficientes reductores ya reconocidos a determinados colectivos hasta que hayan transcurrido diez años desde la entrada en vigor del real decreto, lo que sitúa cualquier posible modificación en el año 2035.
A juicio de Sumar, esta limitación temporal resulta especialmente problemática para profesiones que, pese a contar ya con un coeficiente reductor, lo tienen fijado en un nivel inferior al que correspondería por el grado real de peligrosidad de su actividad.
El grupo pone como ejemplo a los buceadores profesionales, cuya situación para la jubilación anticipada no podría ser revisada hasta dentro de una década, algo que considera poco razonable.
Desde el espacio político se advierte además de que la imposibilidad de revisar coeficientes ya concedidos puede provocar situaciones de incoherencia.
En este sentido, señalan que podría darse el caso de que un colectivo que acceda por primera vez al sistema obtenga un coeficiente reductor superior al de otro grupo profesional que ya lo tenía reconocido con anterioridad, a pesar de desarrollar actividades de riesgo comparable o incluso mayor.
Otra de las críticas que plantea Sumar se centra en el régimen administrativo previsto en el real decreto. En concreto, el artículo 22.2 establece que el silencio administrativo tiene carácter desestimatorio cuando un colectivo solicita la aplicación de un coeficiente reductor y no recibe respuesta expresa.
Asimismo, el artículo 21 impide que un colectivo cuya solicitud haya sido rechazada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social pueda volver a presentar una nueva petición hasta que transcurran cuatro años.
Ante este escenario, Sumar considera necesario acometer una revisión del real decreto y propone modificar específicamente los artículos 9, 21 y 22.
En relación con el artículo 9, el grupo parlamentario plantea habilitar la posibilidad de revisar los coeficientes reductores ya concedidos sin necesidad de esperar hasta 2035.
En cuanto al artículo 21, la proposición defiende que los colectivos que reciban una resolución desestimatoria puedan volver a presentar una solicitud en el plazo de un año, reduciendo así el periodo de espera actualmente fijado.
Por último, respecto al artículo 22, Sumar apuesta por establecer el silencio administrativo positivo en aquellos casos en los que no exista una resolución expresa, de modo que la falta de respuesta no perjudique automáticamente a los solicitantes.
Con esta iniciativa, el grupo plurinacional busca introducir mayor flexibilidad, coherencia y garantías en el sistema de reconocimiento de coeficientes reductores para la jubilación anticipada en empleos peligrosos.
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