La investigación por las muertes de Mustafa y Mohamed concluye que fue accidente

Las distintas sesiones celebradas en Gibraltar recogen que se produjo una persecución que nunca debió ocurrir

Las sesiones relativas a la nueva investigación desarrollada en Gibraltar tras las muertes de dos vecinos de Ceuta en aguas españolas, después de que su embarcación fuera arrollada por otra de la Policía Real gibraltareña, finalizaron este viernes con un resultado sorprendente.

Al menos lo es en comparación con las anteriores conclusiones alcanzadas por un jurado, que fueron anuladas por el Tribunal de Apelación tras un recurso de dos agentes de la Policía.

Entonces se dijo que las muertes de Mustafa Dris y Mohamed Abdeslam fueron un homicidio ilegal o culposo, lo que se denomina ‘unlawful killing’.

Ahora, el jurado que se ha pronunciado sobre la colisión mortal ocurrida en marzo de 2020 ha emitido un veredicto de muerte accidental. Así lo adelanta el medio Gibraltar Chronicle.

Lesiones gravísimas que derivaron en sus muertes

Los dos ceutíes sufrieron lesiones gravísimas que derivaron en sus muertes, después de que la embarcación que ocupaban y que se encontraba en aguas españolas fuera golpeada por una oficial de la RGP, Sir John Chapple.

Uno de los ceutíes murió en el momento de la colisión, mientras que el otro falleció poco después, cuando se produjo el remolque de la embarcación hacia Gibraltar.

Durante varias semanas se han estado celebrando en la Roca sesiones enmarcadas en esta nueva investigación, hasta que este viernes se emitió el veredicto. Se concluye que esa colisión fue un accidente, se produjo durante una persecución de noche.

Apreciaciones del jurado

Sin embargo, tal y como apunta Gibraltar Chronicle, al emitir el veredicto, el jurado añadió una narrativa de los hechos y determinó que la persecución entre las dos embarcaciones antes de la colisión “no debería haber tenido lugar dado que ambas se encontraban en aguas españolas”.

A pesar de todo lo que se ha escrito sobre este suceso y sobre los dos ceutíes, la embarcación que ocupaban no portaba ninguna carga ilícita. Sus familias han tenido que soportar leer distintas noticias marcadas por connotaciones negativas, todo ello sin prueba alguna.

Durante las sesiones que se han ido celebrando, los agentes indicaron que pensaban que se encontraban en aguas bajo su jurisdicción.

Matices a tener en cuenta

La investigación reveló que el trazador de cartas y el Sistema de Identificación Automática (AIS) de la embarcación policial habían sido apagados porque el brillo de la pantalla dificultaba la visión nocturna dentro de la cabina, tal y como recoge Gibraltar Chronicle, medio que ha seguido al detalle todas las sesiones.

El jurado determinó que las embarcaciones colisionaron accidentalmente en uno de los giros y que la tripulación policial quedó cegada por el agua levantada.

Añadieron que la conducta del patrón de la policía estuvo en línea con lo que implica una persecución. Sin embargo, el jurado señaló que uno de los tres oficiales a bordo, que fue asignado al bote sin tener formación marina, resultó efectivamente “redundante” en una situación de emergencia.

Tal y como recoge el medio de Gibraltar, el jurado ha determinado que a los hombres heridos se les debería haber prestado primeros auxilios y haber sido subidos a bordo de la patrullera en lugar de ser remolcados, y que la tripulación debería haber emitido una alerta de Mayday y buscado asistencia desde tierra con mayor prontitud.

El jurado realizó varias recomendaciones, incluyendo la formación de actualización obligatoria y certificación para los patrones de la policía.

Esta investigación no atribuye responsabilidad civil o penal a ninguna persona u organización.

Notificación al Registro de Nacimientos y Defunciones

Los detalles del resultado de esta investigación se notificarán al Registro de Nacimientos y Defunciones.

Y es que, casi seis años después, las familias aún no han recibido los certificados de defunción.

Esto provoca que a pesar de que fueron enterrados, el Estado español no tiene confirmación formal de los fallecimientos, lo que perjudica a las familias y, especialmente, a los hijos que dejaron.

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