Las asociaciones profesionales de la Policía Nacional y Guardia Civil llevan meses en pie de guerra: necesitan más efectivos porque la situación es “insostenible”. Lo han dicho por activa y por pasiva, quizá pueda ser más alto, pero imposible más claro. Las plantillas de sendos cuerpos comienzan a llegar a los números rojos. La Nacional se encuentra por debajo del 75%, según el último comunicado de la Unión Federal de Policía de Ceuta (UFP), y que se traduce en la necesidad de incorporar 120 policías más. En el caso de la Benemérita, los números llegan a los 200, según la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).
Cifras, manifiestan estas entidades, que no responden a un mero capricho. Son los agentes necesarios para que esas plantillas, cada vez más raquíticas, gocen de la salud necesaria para garantizar el buen funcionamiento de los cuerpos y que todos los servicios operen sin problemas. Sin embargo, desde Madrid, la visión es bien distinta. Si la Administración del Partido Popular miró hacia otro lado, los socialistas parece que han llegado subidos al mismo tren pero, además, en su caso niegan lo evidente para una ciudad que, al parecer, les queda bastante lejos de sus intereses y preocupaciones. Y con total rotundidad, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, ha afirmado que “las plantillas están al 100% del catálogo y han tenido refuerzos”.
La postura del PSOE contrasta con la de hace un año cuando pedía 600 agentes para la frontera
Botella respondía en el Senado, apenas unos minutos después de que el PSOE diera el mismo argumento a la petición de la senadora popular Fatima Mohamed de más agentes, recordando que ya se han destinado para las ciudades de Ceuta y Melilla 60 guardias civiles, componente de tres Módulos de Intervención Rápida (MIR) como refuerzo. Una postura que contrasta con la que defendía hace un año, en enero de 2018, cuando estaba en la oposición, donde exigía el incremento de 600 policías y guardias civiles “como mínimo” para la frontera.
Sin embargo, la realidad es que estos cuerpos afrontan un déficit que causa una auténtica sangría y desmoraliza a sus plantillas. La desalentadora situación fronteriza a la que deben enfrentarse cada vez con menos agentes les ha llevado a advertir que “cualquier día va a ocurrir una desgracia”. Además a la Benemérita les ha llovido una función adicional: encargarse del dispositivo de control que funciona en el Tarajal desde octubre para impedir a toda costa el pase hacia Marruecos del producto tóxico. Un engranaje en el que deben poner en práctica una especie de persecución continuada para evitar que se generen avalanchas pero, si en un momento cabe un despiste, estas se producen. Un motivo más que ha hecho saltar las alarmas en la AEGC, que cuestiona la forma de organización de la seguridad llevada a cabo y pregunta por qué se deja sola a la Guardia Civil en unas condiciones que han tildado de “infrahumanas”, a la vez que advierte del vacío en el que se está incurriendo al desviar a los GRS a estas competencias.
La senadora popular Fatima Mohamed planteó en la Comisión de Interior del Senado una moción, que no aceptó enmiendas a su contenido, para instar al Gobierno a “incrementar de manera inmediata el número de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil destinados en la fronteras de Ceuta y Melilla, dando cobertura al 100% de las vacantes existentes y creando las plazas necesarias. Una petición que se acumula desde hace meses en el Ministerio que dirige Grande-Marlaska. Las conversaciones a este respecto del titular de Interior y la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, han sido constantes desde que los socialistas desembarcaran en la plaza de los Reyes. Y la respuesta en este más de medio año siempre ha sido la misma: la imposibilidad de acceder porque los efectivos necesarios se encuentran en Cataluña y, en vista de los hechos, allí permanecerán. Un capítulo que el Gobierno de Pedro Sánchez ya dio por zanjando con la presentación del proyecto de Presupuestos, cuya partida no recogía ni un céntimo más en materia de cuerpos de seguridad para Ceuta durante este ejercicio.
Una inversión, aún por determinar, para la Jefatura y la Comandancia
La Comandancia de la Guardia Civil y la Jefatura de la Policía Nacional preparan un informe de necesidades, previa petición de Madrid, que ha previsto para este 2019 una inversión en materia de reforma y mejora de infraestructuras de seguridad en todo el país. Interior juega con una partida de 850 millones de euros a repartir entre las diferentes comunidades que tienen de plazo hasta esta semana para remitir sus deficiencias. Con toda la documentación el Ministerio estudiará que partida asignará a cada uno de ellos. Un dinero que no se ha reflejado en los PGE pero contó con el visto bueno del Consejo de Ministros.
