El Ministerio de Defensa se encuentra en una situación especialmente delicada tras el último fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativo al abuso de la temporalidad en contratos de la institución militar. Una sentencia que coincide con la postura del Tribunal Supremo, que ha creado jurisprudencia en este asunto. Así lo ha dado a conocer El Faro de Melilla, en un texto publicado por Alba Castilla con información también de interés para Ceuta.
Según lo publicado, la resolución podría alterar de manera considerable el sistema de contratación, especialmente en la Escala de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas. Francisco José Durán, presidente de la Unión de Militares de Tropa (UMT), expresa que hay tres partes a tener en cuenta en este nuevo escenario.
El ultimátum del TJUE y la respuesta de la Administración
El Faro de Melilla indica que las dos primeras son las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo. Falta la tercera, que es la respuesta de Defensa al requerimiento para aplicar esta jurisprudencia.
Tras casi diez años de espera y quejas a Europa, el TJUE ha dado un “ultimátum” para frenar el abuso de la temporalidad en la Administración pública. Advierten que “los ceses con indemnizaciones genéricas y topadas no son una solución válida”. El Supremo, por su parte, ya ha dictado sentencia tras la reclamación de una trabajadora interina, marcando una clara línea que Defensa no podrá eludir desde el punto de vista del presidente de la UMT.
Fijeza automática e indemnizaciones por daños sufridos
De acuerdo con lo señalado por el medio, a los afectados que en su día aprobaron una oposición para plaza fija sin obtenerla, se les debe reconocer como personal fijo de forma automática. Para el resto, la solución no será la fijeza, sino el pago de una indemnización “íntegra, sin límites y disuasoria por los daños sufridos, acompañada de sanciones para la propia Administración infractora”.
Hace años, en paralelo a la profesionalización del Ejército, surgieron los contratos temporales. En las Fuerzas Armadas, esta concatenación se prolonga hasta seis años y después se puede firmar un compromiso de larga duración para continuar en Tropa y Marinería, que finaliza al cumplir los 45 años.
El reto de la oposición permanente y la estabilidad laboral
La publicación indica que mientras tanto, pueden optar a plazas que se convocan anualmente para cambiar de figura o contrato. Pero, realmente, hasta que no se aprueba la oposición permanente, el contrato sigue siendo temporal. El elevado coste de las multas ha sido el desencadenante del freno definitivo a España por parte del tribunal europeo. Junto a la sentencia del Supremo, la UMT considera que “todo aquel que apruebe y tenga hueco, tiene que quedarse con ese hueco”.
Hasta que Defensa no reaccione, desconocen cuál será la vía para reclamar. Aunque son conscientes de que el litigio puede alargarse con los años, creen que las probabilidades de éxito son altas porque hay jurisprudencia.
Compromisos de plantilla y acciones de la UMT
Según la asociación militar, tal y como lo explica El Faro de Melilla, esta problemática surge del compromiso del Gobierno de aumentar las plantillas cuando finalmente no hay plazas disponibles para todas las personas que superan el concurso.
Durán confirma al medio que, una vez Defensa exprese su postura, tendrán que valorar bien todos los escenarios posibles. Trabajan con otras organizaciones a nivel nacional e internacional, así como con un importante equipo legal, para dar soporte y asesoramiento a socios que se encuentren en esta situación. Sin embargo, al no tener capacidad de negociación colectiva en la institución militar, la representación sería a título individual y temen que podría perder fuerza.
La UMT reivindica que Defensa tome medidas tras conocer los fallos de ambos tribunales para reducir la incertidumbre en la que se encuentran miles de militares en España. “Esto ha sido un golpe de suerte y oxígeno”, resalta Durán. No van a dejar de intentarlo y esperan que, en pocos días, se anuncie que la temporalidad de la Administración llega a su fin y que se regularice la situación de los damnificados en el menor tiempo posible.
