En la mañana de hoy se han reunido en la sede del Ministerio de Sanidad los parlamentarios Nacionales Juan Bravo y Guillermo Martínez con el máximo responsable nacional de Sanidad (tras la ministra) y presidente del INGESA José Javier Castrodeza.
En nota de prensa explican que "en la reunión se han abordado cuestiones de máximo interés como el proyecto de clínica de radioterapia en Ceuta, el incremento de personal necesario para garantizar una adecuada cobertura sanitaria, la puesta en marcha de un nuevo sistema de incentivos de toda índole para atraer nuevos facultativos y evitar su marcha de Ceuta, la definitiva aclaración de las competencias administrativas para la tramitación del testamento vital y la colaboración entre administraciones y Colegio de Médicos en materia de homologación de la formación profesional".
El INGESA ha anunciado a los parlamentarios ceutíes "un importante incremento del esfuerzo presupuestario en materia de personal que se concretará en próximas fechas con la creación y dotación de nuevas plazas de facultativos y otros profesionales del sector".
Respecto a la clínica de radioterapia se ha reiterado el interés que el proyecto tendría para la calidad de la prestación del servicio de radioterapia a los ceutíes, de manera concordante con el compromiso del Gobierno de la Ciudad y de la Delegación del Gobierno, confiando en que el proyecto pudiera ser una realidad en 2018 tras los pertinentes procesos de licitación pública y una vez se obtenga el visto bueno definitivo del INGESA.
Se ha analizado la oportunidad de establecer un régimen de incentivos (de carácter social, económico, de estabilidad y formativo) para fidelizar a los médicos del servicio público sanitario de Ceuta y atraer a nuevos facultativos.
Asimismo, se han planteado cauces de coordinación entre el INGESA y el Colegio de Médicos en orden a certificar la homologación de la formación de los facultativos.
Por último, se ha aclarado que la competencia para gestión administrativa del testamento vital corresponde al INGESA y será la Administración General del Estado la que gestione del registro al efecto necesario y su coordinación con el Registro Nacional.
