En España sigue existiendo una significativa brecha laboral entre el colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y el resto de la población activa. En el caso de Ceuta, se acentúa especialmente, habida cuenta de que la tasa de paro es la más alta del país. Esta brecha laboral existe en España pese a la implantación de nuevas estrategias centradas en la persona, pese a la profunda transformación de los servicios de los últimos años, pese a los planes personalizados de empleo público (donde por ley se reserva un 2% de las plazas a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo), y pese a los esfuerzos por insertar laboralmente al colectivo en el sector privado (incentivando económica y fiscalmente a las empresas contratantes y aplicando nuevas metodologías basadas en la adecuación de cada candidato a los puestos ofertados).
Basten como ejemplo algunos datos aportados por un estudio realizado en 2017 por Odismet (Fundación ONCE): De una parte, el 75% de las personas con discapacidad intelectual carece de un trabajo remunerado, de los cuales más de la mitad (53%) son parados de larga duración, frente al 14% del resto de los españoles. Por otro lado, de todas las contrataciones realizadas en España, solo el 1,4% correspondieron a personas con discapacidad, mientras el colectivo supone el 6,2% del total de la población en edad activa. Además de las pocas contrataciones, la precariedad y la temporalidad laboral son la tónica dominante (90,3%) y los salarios son de media un 17,1% menores que los del resto de trabajadores, es decir, cobran casi 300 euros mensuales menos.
Entre los factores determinantes de esta preocupante situación se encuentran, en primer lugar, el factor coyuntural del país: España posee una de las mayores tasas de desempleo y de precariedad laboral de toda la Unión Europea. El segundo factor es la incapacidad (el 62,3% del colectivo son personas inactivas laboralmente por esta razón), lo cual va aparejado al cobro de pensiones difícilmente renunciables en un mercado laboral desfavorable. Un tercer factor es la formación, pues casi el 83% de las personas con discapacidad carece de estudios o son muy primarios, por la falta de oportunidades, lo que dificulta aún más su inserción laboral en un mercado cada vez más técnico y especializado, que requiere cada vez mayores niveles formativos.
Por todo ello, Plena inclusión Ceuta apuesta por seguir transformando los servicios para adaptarlos a las nuevas demandas y retos de futuro, por visibilizar a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sensibilizar a la sociedad, por contribuir a la modificación de los datos adversos de paro y precariedad incidiendo en la formación y en los proyectos personalizados de empleo (público y privado) y, en definitiva, por confiar en las capacidades y fortalezas de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo para acceder al mercado laboral en igualdad de oportunidades.
