¿Es punible el despilfarro público?

Dar consejos es delicado, no todo el mundo está dispuesto a aceptarlos. Unos pueden creer en la buena fe en este tipo de gestos y otros todo lo contrario, son capaces de menospreciar y juzgar la maledicencia de la recomendación recibida. Dar consejos es una temeridad, pues se puede recibir un varapalo de cualquiera; pero en este caso el consejo, la recomendación o, como decimos coloquialmente, “el toque” se hace por escrito y viene plenamente avalado, con nombre y apellidos, a manera de Informe hecho por la Defensora del pueblo. Soledad Becerril advierte sobre la necesidad de reforzar la respuesta ante el uso irresponsable del dinero público; incluso afirma que a la malversación y prevaricación previstas en la Ley podría incluirse el “despilfarro público”, sin necesidad de estar recogidos expresamente. Pero en el caso de que no fuera así, debería ser el propio Ministerio fiscal el que se pusiera como prioridad inmediata la modificación del Código Penal, para tipificar como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos.
¿En que espacio nos encontramos? La propia Soledad Becerril pone los puntos sobre las íes y es una de las primeras en hablar de “despilfarro público”, dejando caer una velada denuncia sobre “supuestas” utilizaciones incorrectas o fraudulentas de los fondos públicos. ¡Si ella lo dice tendrá sus argumentos evidentemente! Incluso, me atrevería a decir, que tendrá pruebas suficientes para sustentar sus afirmaciones, ya que estamos ante una mujer formada, preparada y con la suficiente experiencia para ocupar un cargo de tanta responsabilidad. ¡Ni yo ni la mayoría de los españolitos lo sabemos, y menos aún nos atreveríamos a acusar, más que nada por puro desconocimiento! Eso sí, podemos leer el Informe y sacar nuestras propias conclusiones, que pueden ser erróneas por supuesto. Pero desde la perspectiva de un ciudadano cualquiera que lee en los periódicos o escucha en las televisiones las constantes imputaciones a políticos, demasiadas en los últimos tiempos, se tiene la frustrante sensación de que nos están tomando el pelo; de que algunos de esos políticos, no podemos meter a todos en el mismo saco, parecen confundir lo ajeno como propio, de estar desconcertados creyendo gestionar su dinero cuando lo que pasa por sus manos es el dinero de todos y cada uno de nosotros, del pueblo que los ha elegido.
El caso Bárcenas, el caso campeón, los ERE en Andalucía, el señor Urdangarín, el caso Gürtel….., y así una larga lista de la que mejor no acordarse, porque la indignación de los ciudadanos va en aumento con cada escándalo que se une a esa lista “inacabada”; y más aún cuando “parece” que la justicia no es igual para todos. ¿Recuerdan a la señora Pantoja y su sentencia? ¿Recuerdan a la chica que por gastar sólo 200 euros de una tarjeta de crédito para dar de comer a sus hijas iba a acabar en prisión? Más de 300 políticos están imputados actualmente en casos de corrupción, una verdadera vergüenza para nuestro país y una muy mala imagen a nivel internacional. Pero me pregunto ¿si el Ministerio fiscal pusiera en marcha las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, a cuanto ascendería ese número?
Hay demasiadas inculpaciones, unas juzgadas y otras veladas, sobre uso incorrecto del dinero público. Por ejemplo, el caso del Alcalde de Jerez, condenado y pendiente de su recurso al Tribunal Supremo, en el que incluso la Fiscalía afirma sin cortapisas que “en una administración pública nadie puede hacer lo que le dé la gana con dinero público”. ¿Y ese recurso que ha presentado este Alcalde jerezano con todos los gastos que genere quién lo paga? “Mejor no contestar, dejémoslo a la imaginación”, cada uno de nosotros que le ponga su final a  la película.
No se pueden nombrar mil y un cargos, de capacidad y formación discutibles, para realizar trabajos que corresponden a funcionarios. No se pueden pagar esos sueldos con sus dietas y demás conceptos económicos a todos esos que luego hablan de rebajar las pensiones, de bajar el salario mínimo interprofesional, y que son capaces de no aprobar la dación en pago en el caso de los embargos hipotecarios (votos negativos tanto del PP como del PSOE en el Parlamento europeo). No se pueden recurrir sentencias ya perdidas, utilizando el dinero del ciudadano (con el consiguiente gasto en abogados, procuradores y costas judiciales), cuando esas cantidades ingentes de fondos pueden utilizarse en afrontar ayudas sociales tan necesarias en los tiempos que corren, o simplemente en dejar de asfixiarnos con las subidas de impuestos. Porque yo no sé ustedes, pero el IBI de este año me ha dejado temblando.
Como aficionada al refranero, como he dicho en otras ocasiones, podría recordar aquello de “Compra con tu dinero y no con el ajeno”, “cuando hay dinero de por medio se olvidan de la lealtad”, “el dinero corrompe al hombre”, “el dinero al ignorante, lo hace necio y petulante”. Ustedes deberán decidir el refrán que más y mejor se ajuste a la realidad que perciben; pero eso sí, como último consejo les diría que mantengan una actitud alerta para distinguir las falsedades de las verdades; es una responsabilidad a la que no debemos renunciar. Y recuerden que al fin y al cabo el pueblo decide cada cuatro años; que pueden engañar a mucha gente durante poco tiempo, o bien engañar a poca gente durante mucho tiempo, pero lo imposible es engañar a mucha gente durante mucho tiempo.