El Gobierno ha planteado a los sindicatos la convocatoria de 8.495 plazas de ingreso libre y 6.613 plazas de promoción interna para la Administración General del Estado, como parte de la oferta pública de empleo de 2019 que prevé aprobar el viernes.
Fuentes conocedoras del contenido del encuentro mantenido este miércoles entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han precisado a EFE que estas cifras sólo se refieren a la Administración General del Estado (AGE).
Esto implica que a estas cifras habrá que añadir las plazas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sanidad y enseñanza en Ceuta y Melilla, hospitales militares, servicios de justicia no transferida a las comunidades autónomas y entes públicos empresariales.
Fuentes del Gobierno han confirmado esta mañana que tienen la intención de aprobar la oferta pública de empleo en el Consejo de Ministros del viernes, aunque la fecha no está cerrada, y que la cifra final de convocatoria estará en línea con la del pasado año, cuando se convocaron 30.844 plazas.
Esta cifra final resultará de la aplicación de las tasas de reposición incluidas en los Presupuestos, que son del 70 % para servicios generales y del 100 % para los prioritarios, a lo que hay que añadir promoción interna, estabilización o las 1.735 plazas ya adelantadas para atender a los servicios afectados por el "brexit".
Gobierno y sindicatos volverán a reunirse mañana para continuar con las negociaciones.
Fuentes de CSIF han precisado que, según datos de Justicia, se añadirán 2.000 plazas para estabilizar interinos no transferidos, por lo que quedarían por conocer las plazas para el Ejército, la Policía y la Guardia Civil.
CSIF ha confiado en que el Gobierno eleve esta oferta que "apenas sirve para cubrir las jubilaciones previstas", cuando es necesario avanzar en la creación de empleo como ya ocurrió en 2018, algo que no podría hacerse con los presupuestos prorrogados según les habría trasladado el Ejecutivo.
UGT ha insistido en su reivindicación de crear empleo neto en la AGE para paliar el déficit estructural y el envejecimiento de la plantilla, lo que, en su opinión, pasa por un plan plurianual.
Ha recordado que actualmente el 65 % de los funcionarios y el personal laboral de la AGE supera los 50 años, por lo que en menos de diez años podría haber dificultades para atender servicios básicos.
En esa misma línea, el responsable de Empleo de CCOO en la Administración General del Estado, Javier Martínez, ha lamentado que la oferta del Gobierno "no supone el mantenimiento del empleo público", ya que la AGE pierde "casi 500 efectivos".
Por ello, ha exigido "más empleo público y más oportunidades de promoción interna" para afrontar el envejecimiento de las plantillas y "frenar el deterioro del servicio público".
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