Existe un acuerdo. Habrá consenso antes de utilizar cualquier instalación de Ceuta para acogida de inmigrantes. Lo aseguró anoche el mando único, Ángel Víctor Torres. De hecho, de manera específica, resaltó que los polideportivos solo se utilizarían en caso de situación extrema, “algo que no es previsible que se vaya a producir, pero que deben estar recogidos ante una eventualidad no esperable”.
Y hoy el real decreto que se publica en el BOE lo recoge. Es el contenido que ayer adelantaba El Faro. El documento, cuyo borrador fue desgranado en este periódico, se ha publicado ya en la edición del boletín de este miércoles.
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De manera específica, señala las infraestructuras dependientes del Gobierno de la ciudad de Ceuta que pueden usarse.
Terrenos cedidos en el embolsamiento en Loma Colmenar, ya de hecho en uso.
Espacio correspondiente al Hospital Militar, cedido demanialmente a la ciudad por el Ministerio de Defensa. Los vecinos ya han advertido que se oponen a su empleo.
Y aquí viene la madre del cordero. Polideportivos cubiertos de Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor, complejo Deportivo Guillermo Molina y complejo Deportivo Díaz Flor.
No se han borrado del decreto, pero se asegura que no se emplearán salvo que se produzca una situación tanto extrema como improbable.
“La utilización, en su caso, de los recursos previstos en este anexo se ajustará a los principios del artículo 8.1 del real decreto”, se concreta.
En la reunión celebrada ayer tras una tarde de estallido social, el mando único Torres señaló que no se emplearán. Hacerlo hubiera sido convertir Ceuta en un CETI.
Los terrenos de la discordia
El BOE recoge un borrador en el que también se ha considerado el uso de terrenos del Estado.
Asi se indica el empleo de los cedidos por el Ministerio de Defensa en Loma Margarita, ya en uso.
Las instalaciones de la Hípica, también de Defensa y en uso.
Los terrenos de la antigua fábrica de harinas, que han generado la crítica social y el plante de los vecinos.
Otros en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería, la antigua fábrica del Guano y los ubicados en el Acuartelamiento Coronel Fiscer.
El uso de estos últimos provocó una manifestación de cientos de personas. Los vecinos aseguran que no permitirán ese traslado de inmigrantes. Ayer Delegación negó que el viernes fueran a producirse.
El Gobierno también recoge el empleo del Polideportivo cubierto del Ministerio de Educación, formación Profesional y Deportes, del IES Puertas del Campo.
“La utilización, en su caso, de los recursos previstos en este anexo se ajustará a los principios del artículo 8.1 del real decreto”, repite.
Es una manera de cuidarse ante la crispación vecinal.
El consenso con los vecinos y el Tarajal
El mando único ha dejado claro tras su encuentro con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, que los espacios que vayan a habilitarse para ubicar a los inmigrantes se designarán “desde el consenso”, dijo Torres, que actúa en calidad de autoridad funcional para la gestión de la crisis humanitaria de Ceuta.
De hecho, hoy quiere explorarse una vía que cuenta con el respaldo de la Ciudad: usar las naves del polígono del Tarajal.
El problema es el estado de muchas de ellas. Se girarán inspecciones para introducir allí a personas.
De hacerlo, no se usarían los espacios recogidos en el BOE este mismo miércoles, que vienen a confirmar lo publicado por este periódico.
La justificación del decreto, la reacción tardía del Gobierno
En el decreto se recoge que la entrada irregular de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio ha generado “una presión inédita sobre las capacidades de control fronterizo, identificación, atención humanitaria y acogida de las distintas Administraciones públicas y ha afectado al funcionamiento ordinario de los servicios públicos, entre ellos los sociales, de protección de menores, seguridad, transporte y gestión administrativa”.
“Desde el inicio de la crisis, el Gobierno de España ha movilizado todos los recursos necesarios para reforzar la frontera, impulsar el retorno de las personas migrantes que accedieron irregularmente, y apoyar a la población ceutí”, añade.
“Estas actuaciones han permitido reducir drásticamente la presión inicial y mantener el orden público en la ciudad. Ahora, sin embargo, la crisis entra en una nueva fase que requiere una acción integral que combine la defensa de la seguridad nacional con medidas de distintos ámbitos y una coordinación reforzada entre las autoridades estatales y ceutíes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, a fin de garantizar tanto la atención adecuada de las personas migrantes como el correcto funcionamiento de la ciudad y su pronta recuperación económica y social”, justifica.
“En efecto, hasta ahora, la Administración General del Estado, a través de los distintos departamentos ministeriales, dada la transversalidad de las medidas necesarias para su resolución, ha desplegado en territorio ceutí medios y recursos para la implementación de medidas que permitieran la resolución de la situación y retorno de la normalidad. El Presidente del Gobierno, y hasta ocho titulares de departamentos ministeriales, han visitado la ciudad para una evaluación in situ, y tomado medidas de urgencia dentro de su ámbito competencial”, indica.
Una presentación que choca con la cadena de versiones contradictorias que han ido publicándose y la sensación de abandono que tiene Ceuta.
De solución inmediata, nada
Las medidas recogidas en el decreto se extenderán hasta el 31 de diciembre.
El Gobierno ya viene a confirmar así que la situación de crisis en Ceuta va para largo, que las soluciones inmediatas comprometidas no se alcanzarán en tiempo récord.
Resuenan esas manifestaciones del ministro Fernando Grande-Marlaska hablando de normalidad o del ministro Óscar Puente reseñando que Pedro Sánchez había resuelto una crisis más.
Ahora, tras semanas de inacción se evidencia que la gravedad del asunto no se tuvo en cuenta y que queda cuantioso trabajo por hacer para lograr la normalidad.
En el decreto se recoge que “la evolución de la situación no excluye su gravedad, derivada de la ya descrita presión sobre el sistema de atención humanitaria y su afectación a los servicios públicos”.
“En este sentido, y de forma inmediata, es necesaria la adopción de medidas que garanticen de manera permanente el normal funcionamiento de los servicios públicos, evitando que alcancen una situación de colapso, y asegurando el mantenimiento de capacidades suficientes para la atención humanitaria, el control fronterizo, los traslados, la tramitación administrativa y la cooperación exterior”.
“Asimismo, la dimensión y transversalidad de las medidas a adoptar se manifiesta en la concurrencia de competencias sobre seguridad pública, fronteras, extranjería, protección internacional, atención humanitaria, sanidad, servicios sociales, economía, protección de menores, transportes, defensa, acción exterior y cooperación con la Unión Europea. Las medidas que se adopten para abordar la situación descrita permitirán
igualmente avanzar hacia una pronta recuperación económica y social de la ciudad”.
Hay que ser guito para intentar colocar a los invasores, en las barriadas y a 20 metros de un cuartel operativo con piezas de artilleria como el RAMIX 30
A los Invasores hay que devolverlos al país de procedencia y punto, es lo único que quieren los vecinos de Ceuta, FUERA YA, no hay otra solución más que esta, FUERA YA LOS INVASORES.
Poner una frontera en condiciones para que no vuelva a ocurrir, y presencia militar permanente porque hay que defender la integridad territorial de España, y cualquier voz contraria a esto, es un traidor y este es el Real Decreto que quiere el pueblo de Ceuta, y no hay otro.