Frontex publicó en mayo su Análisis Anual de Riesgos (AAR). Recordemos que Frontex es la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Y que el riesgo es, según la Real Academia de la Lengua Española, la “contingencia o proximidad de un daño”.
El AAR combina la evaluación de amenazas y vulnerabilidades en las fronteras exteriores de la UE con la valoración de su impacto y consecuencias. Ello permite a Frontex equilibrar y priorizar de forma eficaz la asignación de recursos para hacer frente a los riesgos identificados.
Mediante la identificación, evaluación y valoración de amenazas, vulnerabilidades y riesgos, Frontex define. Es decir, atribuye a dichos términos un significado específico. Pero tan o más interesantes que el contenido del inventario de riesgos confeccionado por la agencia resultan sus omisiones: los riesgos que el AAR se deja en el tintero.
El AAR cuantifica y/o mapifica la evolución de distintos elementos: el número de cruces fronterizos ilegales (y de su modus operandi), las denegaciones de entrada, el volumen de estancias ilegales, las solicitudes de asilo, la acción de los facilitadores, o el uso de documentos falsos. Además, monitoriza el desarrollo de los factores económicos, legales, tecnológicos y geopolíticos que influyen en la inmigración irregular hacia la UE.
En su trigésimo tercera página, el AAR subraya que el mandato de Frontex está fundamentalmente consagrado a la inmigración irregular. Pero a renglón seguido añade que los guardias de fronteras, en cooperación con los funcionarios de aduanas y otras fuerzas policiales, también están comprometidos en la lucha contra lo que denomina otras actividades delictivas. Dicho compromiso explica por qué el AAR asocia datos relativos a la inmigración irregular e información referente al tráfico de drogas, la detección de vehículos robados, el contrabando de mercancías sujetas a impuestos y el tráfico de seres humanos. Despliega, así, un abanico de riesgos fronterizos sin duda heterogéneo y detallado. Aunque, sin embargo, también truncado.
Sorprende constatar que el AAR no aborda, por ejemplo, el riesgo de muerte. No indica el número de seres humanos fallecidos en el perímetro exterior de la UE. Sí se ocupa de ello, en cambio, el Informe sobre Derechos Humanos en la Frontera Sur. Lo publicó, también en mayo, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). El informe contribuye a confeccionar un catálogo de riesgos más completo, de mayor calado.
Documenta, por ejemplo, el riesgo que corren los inmigrantes de ser detenidos en el centro de acogida de Nuadibú, en Mauritania, conocido con el revelador nombre de “Guantanamito”. Asimismo se hace eco del riesgo que corren los inmigrantes de convertirse en víctimas de expulsiones colectivas hacia zonas desérticas y, en ocasiones, minadas. Y, en efecto, el informe de la APDHA también arroja luz sobre el riesgo de muerte en la frontera exterior de la UE. Indica que, en 2010, 131 personas perdieron la vida en su intento por llegar a territorio español. Y recuerda –este es el décimo informe anual publicado por la Asociación- que en 2006 y en 2007 el número de seres humanos fallecidos rondó el millar.
La lectura combinada del Análisis Anual de Riesgos de Frontex y del Informe sobre Derechos Humanos en la Frontera Sur de la APDHA es evocadora. No sólo invita a reflexionar sobre el límite de la definición de riesgo. También plantea interrogantes sobre el alcance espacial de los conceptos sobre los que se sustenta el logotipo de Frontex: Libertad, Seguridad y Justicia. Dichos conceptos, la protección y promoción de lo que representan, así como el riesgo que se cierne sobre ellos, también deberían cobrar sentido más allá del perímetro exterior comunitario.
