Ocho años y medio de prisión. También inhabilitación absoluta para el ejercicio de guardia civil durante 20 años. Es lo que pide el Ministerio Fiscal para el agente del Instituto Armado, J.F., detenido en el marco de la operación ATAM-Macetero.
Le considera responsable de un delito contra la salud pública cometido en el ejercicio de su cargo y dos más de pertenencia a grupo criminal, ya que prestaba sus servicios a un par de organizaciones dedicadas al pase de drogas.
Por ese delito de tráfico de drogas, Fiscalía solicita en su escrito de calificación inicial, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, 4 años y medio de cárcel e inhabilitación absoluta para el ejercicio de guardia civil durante 20 años. Por cada uno de los dos delitos de pertenencia a organización criminal, reclama 2 años de prisión.
En la causa abierta tras la operación realizada de manera conjunta entre Policía Nacional y Guardia Civil en febrero de este año, hay otros 26 acusados, que se enfrentan a penas de 5 años de cárcel.
Mantiene la Fiscalía que el guardia civil J.F. se valió de su condición de miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad para idear y ejecutar un plan con el que cooperaba con otras organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Aprovechando su trabajo en el puerto, facilitaba los embarques de vehículos cargados de droga.
De esta manera, mantiene la Fiscalía, logró establecer vínculos con grupos u organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, integrándose en ellos para facilitar el pase de alijos de estupefacientes “de manera reiterada y sostenida en el tiempo desde Ceuta hasta la Península”.
La actividad ilícita del agente consistía en “permitir el acceso y embarque de vehículos previamente designados, en los cuales se transportaban sustancias estupefacientes, eludiendo los procedimientos de control y a cambio de una contraprestación económica”.
La participación del acusado en esta trama delictiva y su colaboración con estas organizaciones “no fue circunstancial ni esporádica, sino que obedeció a un patrón de conducta reiterado y sostenido en el tiempo, y se realizó de manera activa al menos desde el mes de febrero del año 2024 hasta enero de 2025”, resume la Fiscalía.
El agente J.F., a quien sus compañeros sacaron esposado en la madrugada del 11 de febrero de su propia vivienda después de meses de investigaciones complejas, abusó de su condición de agente de la autoridad para la obtención de beneficios económicos derivados de su actividad ilegal.
Y lo hizo “con conocimiento pleno de su ilicitud, alterando gravemente el funcionamiento de los controles de seguridad y comprometiendo la integridad del servicio público”, recoge el Ministerio Fiscal.
Fruto de las investigaciones desarrolladas por CNP y Guardia Civil, se concluye, y así lo ve la Fiscalía, que el agente colaboraba con 2 grupos delictivos, pero también con personas independientes que figuran acusadas en esta causa, y otras que no han podido ser identificadas. Así agenciaba distintos pases de droga.
La totalidad del hachís que el agente de la Guardia Civil permitió pasar por el control de embarque de vehículos -como consecuencia de su colaboración con los grupos y personas dedicadas al narcotráfico. asciende a 577.750,04 gramos netos de hachís, cuyo valor en el mercado se estima en 1.080.392,57 euros.
El agente se habría integrado y colaborado con 2 grupos bien definidos y formados por distintas personas.
En uno han sido identificadas 12, cada una con un rol y estructura definida. Hay un cabeza visible que es quien funcionaba como nexo de unión con el guardia civil, para preparar los pases de hachís de acuerdo a fechas concretas y horas determinadas en las que él siempre estaría de servicio.
Esa figura tenía como función principal la coordinación de las operaciones de tráfico de hachís, estableciendo contactos con proveedores, negociando la ruta y horario de transporte y garantizando la seguridad de los envíos.
El segundo grupo con el que habría colaborado el agente estaba formado por 8 personas y seguía la misma estructura.
Además, a juicio de los investigadores, el agente habría entablado colaboraciones delictivas con otras personas independientes dedicadas al narcotráfico.
La ‘ATAM-Macetero’ ha vinculado varios de los pases de droga que protagonizaron estos implicados.
El Ministerio Fiscal quiere contar cuando se señale vista oral en la Audiencia con los investigadores que lideraron la operación, así como con las escuchas, documentales y elementos obtenidos en los seguimientos llevados a cabo.
Varios de los decomisos de hachís realizados en el puerto han conseguido ser relacionados con la trama que había organizado este agente.
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