El presidente de Ceuta, Juan Vivas, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ratificaron ayer en Madrid su impresión común de que la “nueva etapa” abierta en la relación entre España y Marruecos genera “expectativas favorables” para la ciudad autónoma “en ámbitos de significada relevancia para el presente y el futuro de Ceuta como evitar que se produzcan episodios como el del pasado mes de mayo, colaborar entre ambos países para que la frontera funcione de manera satisfactoria, contener la inmigración irregular o favorecer el desarrollo del turismo”.
Tanto el Gobierno central como el local parten, para llegar a esa conclusión, de que está “garantizada” la seguridad, integridad y estabilidad de las ciudades autónomas por parte del Estado, punto de partida ineludible para afrontar el futuro con la doble ambición de conseguir tanto “más España y más Europa” como “buenas relaciones de vecindad en beneficio de la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de los ceutíes”.
Si no existe ningún indicio para hacerlo, pretender confrontar ambas aspiraciones como si fueran incompatibles supone un evidente intento de sacar rédito partidista o, peor aún, de boicotear cualquier noticia positiva para la ciudad con la creencia de que el escenario más aciago para Ceuta se convertirá en el mejor en las urnas.
En ese contexto acierta el Gobierno de la Ciudad al perseverar en lo importante: que se elabore el Plan Integral comprometido, que la reapertura de la frontera se lleve a cabo una vez que esté garantizado “su correcto funcionamiento”, que se acometa el perfeccionamiento del Régimen Económico y Fiscal (REF) y que se actualicen las especificidades de la ciudad en el seno de la Unión Europea en lo que atañe a la excepción al Tratado de Schengen, la Unión Aduanera y un tratamiento equiparable al de las regiones ultraperiféricas.
