La situación en la empresa de autobuses no ha sido nada fácil en estos dos meses de aplicación del Estado de Alarma. La primera de las dificultades que tuvieron fue la necesidad de aplicar un ERTE a un tercio de la plantilla. Una situación complicada.
De 75 empleados, 25 dejaron de prestar sus servicios y con los 50 restantes han debido mantener todas las líneas que quedaron establecidas por parte de la Ciudad Autónoma aunque con menos frecuencias que en situación normal.
La reducción del número de usuarios debido al confinamiento fue otro gran hándicap. De unos 16.000 o 17.000 usuarios pasaron a unos 1.500. Han dejado de recaudar unos 600.000 euros y el déficit acumulado se aproxima a los 450.000 euros si sumamos la mitad de marzo, además de abril y mayo. La recaudación mensual de todos los servicios no han superado los 30.000 euros.
La empresa ha solicitado a la Ciudad, de acuerdo con la legislación, el equilibrio financiero para que les abonen los 300.000 euros de las pérdidas de marzo y abril, pero no existe contestación definitiva por parte de la Ciudad. Ello ha llevado a problemas para cobrar la nómina del mes de abril por parte de los trabajadores, lo cual debieron hacerlo en dos veces, a partir de una aportación de 40.000 euros por parte de la Ciudad tras un paro decidido por una asamblea de los empleados.
En la actualidad existe una huelga convocada para el 9 de junio si por parte de la Ciudad Autónoma no se establecen una serie de medidas concretas que permitan un desahogo económico de cara a corto y medio plazo con la que superar esta situación complicada.
