El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la ley orgánica que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. La norma, que entrará en vigor este jueves, 15 de octubre, establece que deberán ser indemnizados por los daños sufridos durante el ejercicio de sus funciones.
Por tanto, la nueva ley modifica el artículo 80 de la ley orgánica 1/1979, concretamente los apartados dos y tres y añade el cinco, el seis y el siete. Lo que reconoce esta condición a todos los efectos legales.
El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) ha dado la "enhorabuena a todo el colectivo de Instituciones Penitenciarias" y ha explicado que esta medida da "dignidad, respeto, seguridad, reconocimiento, igualdad y futuro" a los funcionarios de prisiones.
"Mismo compromiso, más reconocimiento, un futuro mejor. Más derechos, más valor, mismo compromiso", han puntualizado.
¿Qué cambia con esta ley?
Además de reconocerles como "agentes de la autoridad en el ejercicio de su cargo", esta regulación permitirá a estos funcionarios identificarse mediante su número de registro profesional en los procedimientos administrativos y judiciales derivados de su actividad laboral.
"Valor probatorio de los informes. Sobre hechos presenciados: base suficiente en procedimientos disciplinarios, salvo prueba en contrario. Deben aportarse las pruebas disponibles", ha señalado el sindicato TAMPM.
Además de contar con la misma protección legal que el personal funcionario, con el fin de salvaguardar su integridad física en los procedimientos penales seguidos contra funcionarios de la administración penitenciaria, se garantizará su separación del resto de detenidos, así como la separación de otros reclusos en el caso de ingreso en prisión y traslados bajo custodia.
Otra de las novedades que ha mencionado TAMPM es el derecho al resarcimiento: "Daños personales o materiales vinculados al servicio, sin dolo, culpa o negligencia grave. En los términos que establezcan reglamentariamente".
La necesidad de una nueva ley
El BOE recoge que la realidad penitenciaria y las diferentes respuestas habidas en el ámbito judicial respecto de la consideración de la condición de agente de la autoridad de los funcionarios y funcionarias penitenciarias, hace necesario mejorar y clarificar este aspecto legal.
Entre los argumentos que ha incluido el Gobierno en la exposición de motivos está el hecho de que declarar a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad dará seguridad jurídica al trabajo que realizan estos y evitará que se dicten decisiones judiciales dispares.
El texto que entrará en vigor un día después de su publicación en el BOE, es decir, mañana, señala que la reforma busca garantizar la protección de los funcionarios penitenciarios frente a los daños sufridos durante el ejercicio de sus funciones, evitando que tengan que asumir personalmente las consecuencias económicas cuando no haya mediado dolo, culpa o negligencia grave por su parte.
