La jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, María Elósegui, ha sido la segunda ponente en el marco de las XIV Jornadas Jurídicas de Ceuta, que ha centrado su intervención en la revisión de las sentencias del TEDH y en casos “con final feliz” y otros no tanto, como ha señalado Elósegui.
La magistrada ha precisado que “España no es uno de los países que tenga más violaciones y condenas en nuestro tribunal”, si bien ha matizado que, en lo que a veces también se traduce en la prensa, parezca otra cosa, ya que “se distorsionan” esos asuntos.
En este sentido, ha expuesto que de los 46 países que se someten al Tribunal Europeo de Derechos Humanos “estamos en el puesto 17 por arriba de buenos cumplidores. Eso significa que hay un buen cumplimiento y una buena salud del Poder Judicial y de los jueces en España”.
Con esta afirmación, Elósegui ha querido incidir en “la importancia que tiene la judicatura española en el día a día cuando los casos llegan a Estrasburgo y después, posteriormente, en la ejecución otra vez en España”.
También ha aportado en su explicación que en el TEDH “recibimos más o menos unas diez demandas españolas cada mes y cada año podemos hablar de mil expedientes”.
En su caso, ha precisado que “ya he visto siete mil expedientes españoles con todas las sentencias domésticas desde el primer minuto hasta el último” y que eso le permite afirmar que la judicatura española realiza una buena labor.
En este punto, ha expuesto que “tenemos unos 10 o 15 casos de violaciones al año de casos españoles” y que el perfil de “nuestros demandantes son personas absolutamente normales, no conocidas para nada, anónimas”.
También se ha referido en Ceuta a que su posición en el tribunal europeo le permite analizar con detalle los casos porque “tenemos la ventaja de ser los últimos” en ver las causas, una vez que yan han pasado por el Supremo o el Constitucional y que ello le lleva a afirmar que “desde las primeras instancias es importantísimo todo lo que se haga”.
Sobre el TEDH ha aseverado que “es muy accesible” para cualquier persona que necesite del mismo independientemente de su situación económica o que pertenezca a grupos vulnerables. “Esto es una realidad, lo que luego a veces ocurre es que solo salen en prensa aquellas personas más mediáticas”.
También ha valorado el papel de la abogacía para la defensa de los derechos humanos, porque “sin esos abogados o abogadas no tendríamos los casos allí”. También ha resaltado que esos letrados “es gente muy implicada en los derechos humanos”.
Elósegui ha admitido que algunas sentencias, en parte, son simbólicas, en el sentido que “no se hace una reparación económica conforme a lo que igual ha sido el daño real”, aunque sin perder de vista que son resoluciones “importantes para la ciudadanía en general, porque muchísimas tienen que ver con las garantías procesales y el funcionamiento de la justicia”.
También ha indicado que una vez que se emite una sentencia intentan hacer un seguimiento de su cumplimiento y de su impacto. “Yo luego estudio, porque quiero saber qué ocurre después de nuestras sentencias”. “Los demandantes quieren venir y quieren que se reconozca la lesión de ese derecho, aunque no sea nada más que eso”, ha espetado.
Posteriormente, la magistrada ha ido desgranando algunas de las sentencias del Tribunal relacionadas con asilo, educación, derecho de familia, adopciones y demás, “aunque no todas tienen final feliz”, ha comentado antes de contestar a las preguntas del público.
La moderadora de la ponencia, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Ceuta, María Victoria Rodríguez Caro, ha destacado el amplio currículum de María Elósegui en el ámbito judicial y universitario, así como su compromiso con los derechos humanos y las libertades públicas, que “son un estándar de la calidad de las democracias”.
También ha anotado que la magistrada conoce asuntos que se entienden bien desde Ceuta “por sus propias peculiaridades”, ya que tiene una importancia por cuestiones fronterizas, “donde todas las instituciones y las autoridades tenemos especial obligación de respeto, reconocimiento y protección de los derechos humanos, especialmente en el caso de menores migrantes y extranjeros en general”, ha dicho Rodríguez Caro.
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