La defensa que realizó Inmaculada Ramírez en relación con la moción de urgencia se centró en el contenido de la misma, donde en su parte dispositiva se decía que “instar al Gobierno de la Ciudad a interceder ante la empresa que gestiona el servicio de transporte público urbano de viajeros para que la contratación e introducción de seguridad privada y vídeo vigilancia en el interior de los vehículos, para las rutas y en los horarios que el comité de empresa considera oportuno”.
Se indicaba, por otro lado, que en una ciudad como Ceuta, “con serios problemas de densidad de tráfico garantizar un transporte público de calidad debe constituir un objetivo fundamental para esta administración”.
Reflejó la portavoz socialista que en estos momentos no se puede hablar de un transporte público de viajeros en Ceuta, sin detenerse a analizar los problemas a los que se enfrentan asiduamente los conductores y usuarios de la línea 8, que cubre la ruta Plaza de la Constitución-Príncipe Alfonso.
Añadió que los continuos actos vandálicos que se producen en la misma exigen una respuesta contundente que garantice la continuidad del servicio y la seguridad de los trabajadores y usuarios.
De ahí, la entrevista que mantuvieron con el comité de empresa, que según afirmó la portavoz socialista, plantearon también como medida de mejora el aumento del número de vehículos y de las rotaciones, evitando de esta manera la masificación.
