Y entre los contenidos del plan de ajuste y del plan de estabilidad se encuentra el ahorro ya previsto de la rebaja de los sueldos de los trabajadores de las distintas empresas públicas. Entre el tres y el seis por ciento, en función de los ingresos y nada para quienes ganen menos de quince mil euros al año. Siguiendo con la hoja de ruta marcada, los distintos Consejos de Administración de las sociedades municipales se han venido reuniendo para aprobar la rebaja. Los sindicatos ya han contestado que presentarán una demanda de conflicto colectivo en el Juzgado de los Social de nuestra ciudad.
Por supuesto, que esa demanda, si al final se lleva a la práctica, será un arma de doble filo: el Gobierno, por un lado, está convencido de que la medida llevada a cabo, de manera independiente a las cuestiones éticas para equipar con los funcionarios y personal laboral que vieron disminuidos sus ingresos en junio de 2010 con el decreto de ZP, es perfectamente legal y presentaría sus argumentos en el Juzgado. Pero ya se sabe que cuando se acude a la Justicia nunca se sabe la respuesta. Y están preparados para la respuesta, en el caso que el magistrado establezca que la razón está del lado de los sindicatos.
Entonces, el Gobierno pondría en marcha el plan B, al que se refirió en la rueda de prensa del viernes el portavoz gubernamental Guillermo Martínez. Y ese plan B, aunque no se haya dicho de manera tácita, son despidos puros y duros. Porque el mismo portavoz indicó que el dinero que se ahorra con la rebaja de los sueldos, si no pudiera hacerse por ese camino, se continuaría aplicando dentro del capítulo 1 y ese capítulo es el de Personal. Y lo cierto es que nada más que se conocen dos caminos: o rebaja generalizada o despidos particulares. No hay más.
El Gobierno, incluso, a estas alturas, sabe hasta de donde detraería las mencionadas plazas, porque quiere estar preparado para todo, pero claro el problema hoy por hoy está en manos de los sindicatos y también de los propios trabajadores, que, en definitiva, son quienes pueden obligar o parar las intenciones de los representantes sindicales por lo que pudiera ocurrir, ya que cuando se entra en el Juzgado no se sabe como se puede salir.
Vamos, más o menos, lo mismo que ocurrió con las consolidaciones. Cuando los sindicatos comenzaron a apretar en el tema, el Gobierno se lo dijo muy claro: vamos adelante, pero claro, las plazas se sacarían en libre oposición y no solamente para las personas que las ocupan de manera interina. Un mensaje que fue entendido rápidamente por UGT y Comisiones Obreras, además de por los propios ocupantes de esos puestos. Si se abrían las oposiciones, podría ocurrir que algunos de quienes ahora mismo están trabajando no ganaran las oposiciones.
Todo ello es, perfectamente, compatible con el compromiso del mantenimiento del empleo estructural, tal y como se ha comprometido el Gobierno con los sindicatos, pero siempre que se puedan realizar las medidas de ahorro que es, como hemos dicho, el primer mandamiento para el Gobierno de Vivas.
Por tanto, reiterar donde se encuentra claramente la pelota en estos momentos del pulso.
Caballas lamenta que el Ejecutivo de Vivas use la “amenaza” como una forma de gobernar
La coalición Caballas ha hecho su propia interpretación de la forma de gobernar del Ejecutivo local, acusándole directamente de “amenazar”, buscando así que los afectados por los recortes salariales renuncien a sus derechos ante la previsión de despidos en aplicación del llamado ‘plan B’.
“La amenaza es el menos recomendable de los métodos en democracia. Lo que el Gobierno no puede hacer es descargar su incompetencia en los administrados. No han querido negociar con sindicatos, ni consensuar con los partidos de la oposición los recortes salariales, sino imponerlos siguiendo un criterio injusto y un método ilegal”, señala Caballas.
La coalición demanda un análisis de los recortes desde una perspectiva global de los aproximadamente 2.400 trabajadores encuadrados en el sector público, y “con criterios de equidad analizando los casos de manera pormenorizada. La decisión del Gobierno es profundamente injusta si tenemos en cuenta que el mayor peso del recorte va a recaer en el conjunto de trabajadores de menor nivel retributivo”, apunta.
La coalición insiste en que el denominado plan de ajuste es fruto de una política económica equivocada que ahora se está traduciendo en recortes generalizados.
“No parece ético que el Gobierno pretenda reducir el sueldo a los trabajadores, o los amenace de despido, cuando ha sido incapaz de recortar ni un solo cargo político de los innumerables e innecesarios que cobran suculentas nóminas por el mero hecho de ser del Partido Popular. Es razonable que en este contexto crezca el nerviosismo y la indignación de unas plantillas que no pueden entender esta sectaria forma de actuar”, indica. Todavía no se conoce el recorte de los asesores.
