Hasta ahora las ayudas eran para menores de 30 años pero dado lo complejo de encontrar trabajo con discapacidad se ha incrementado El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) del que Ceuta forma parte, ha valorado las medidas de acción positiva en favor de las personas con discapacidad contenidas en el Real Decreto Ley de apoyo al emprendedor y del estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, aprobado el pasado Consejo de Ministros.
La plataforma de la discapacidad considera positivo que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social haya recogido parte de las propuestas del sector asociativo, planteadas en la fase de gestación de la norma, y que tras su aprobación los jóvenes con discapacidad tengan una posición reforzada en el nuevo marco de ayudas y apoyos públicos que a partir de ahora se habilitan para promover la contratación y el emprendimiento entre este grupo social.
A juicio del CERMI, el que en el caso de los jóvenes con discapacidad se haya fijado la edad límite en los 35 años para beneficiarse de estas ayudas, frente a los 30 años establecidos con carácter general, es una decisión acertada que hay que valorar de modo favorable, ya que se reconoce un hecho evidente y es el del mayor retraso de las personas con discapacidad en incorporarse a la formación y mercado de trabajo, por las barreas del entorno, realidad que ha de tener compensaciones de este tipo.
El CERMI confía en que la futura Ley de Emprendedores que el Gobierno se ha comprometido en aprobar en los próximos meses permita extender los apoyos públicos con destino a los jóvenes con discapacidad y a su acceso al empleo, y puedan ver la luz otras propuestas del movimiento asociativo de la discapacidad que buscan activar al mayor número de personas del mundo de la discapacidad.
Derecho de sufragio
Por otra parte la Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de que se ha instado a los fiscales a que respeten el derecho de sufragio reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española a las personas con discapacidad en sus dictámenes e informes y a que, si se les priva del mismo por sentencia, si es posible, recurran la misma.
Así lo ha transmitido el Fiscal de la Sala de lo Civil, José Mª Paz Rubio, al presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, tras haber recibido un escrito por parte del Comité en el que se informaba de la campaña de presión política que ha iniciado para que las personas con discapacidad privadas del derecho a voto, lo recobren.
En este sentido, la campaña del CERMI está dirigida a los máximos responsables públicos, con el objetivo de que se modifique la normativa y eliminar, así, esta “violación” del derecho de sufragio para las personas con discapacidad.
