Susana Román, Rabea Mohamed, Mohamed Ali y José Antonio Carracao cumplirán pronto un año como investigados en la macrocausa del ‘caso Emvicesa’ porque, según se ha estimado hasta ahora por parte de los investigadores policiales, la Fiscalía y la jueza instructora, no aplicaron con diligencia la Ordenanza reguladora de 2006 en la adjudicación de las 170 VPO de Loma Comenar, a la que saltaron las pesquisas después de que la ex consejera de Fomento llevase al Juzgado la publicación de la ‘lista fantasma’ de las 317.
La defensa de las dos primeras lleva meses negando la mayor: dicha normativa no sería de aplicación en este caso porque las viviendas no partían de una financiación local, por lo que nada había que fiscalizar. “La Comisión Local no tenía ningún papel adicional en la instrucción más que el de darse por enterada, tal y como refleja el Orden del Día de la Sesión de febrero de 2013”, refieren informes de parte aportados que concluyen que en esa promoción hubo una “característica peculiar respecto de las anteriores”: la admisión al procedimiento “de forma automática” de los inscritos en el Reglamento de Demandantes “puesto en marcha en Ceuta para la aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012”.
Los inscritos como demandantes fueron admitidos “de forma directa” en el proceso
La diferencia entre “aprobar” y simplemente “dar cuenta” a ese órgano se asentaba en que para las viviendas construidas en el marco del Acuerdo Marco suscrito por Ciudad y Estado en 2007 estaban sujetas “a las reglas de adjudicación” previstas en ese texto “y no incluidas en el ámbto de la Ordenanza de 2006”.
“En el caso de las 170”, estima la defensa de las ex consejeras, “la selección de los adjudicatarios se instó al órgano competente según los criterios y procedimientos fijados por la Comisión Técnica de Evaluación del Acuerdo Marco de forma directa entre quienes, estando inscritos en el Registro de Demandantes creado por el Reglamento de Desarrollo del Plan Esttal 2009-2012, estaban admitidos de forma automática al procedimiento”.
La consejera de Asuntos Sociales, Adela Nieto, aseguró en marzo del año pasado en respuesta a un requerimiento judicial que “con relación a la selección de usuarios para la adjudicación de la promoción de las 170 viviendas, una vez consultado con el personal técnico de la Consejería nos informan que no realizaron ninguna selección para este fin”.
Además, Nieto añadió que “en la promoción de las 317 viviendas (descartando la lista fantasma)” sí participaron dos técnicos. Sin embargo, en el análisis policial del ordenador de Rabea Mohamed se refiere la existencia de un correo de mayo de 2013 de una técnico que daba cuenta de sus “propuestas” con “casos especiales que quedaron de la última promoción [la de las 170] pendientes”. El mensaje llevaba adjunto un listado con 18 personas como “casos propuestos desde el programa de alojamiento alternativo”.
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