El informe aportado al ‘caso Emvicesa’ enmarca la promoción en un convenio con el Ministerio, con lo que la Comisión Local no sería competente en la adjudicación
La Intervención de la Ciudad ha certificado por escrito que en los presupuestos de la Administración local “no ha figurado cantidad alguna para la financiación de la promoción y construcción” de las 170 viviendas protegidas de Loma Colmenar, según consta en el escrito que ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 que lleva las diligencias del ‘caso Emvicesa’ y que le había requerido un informe “acerca de la financiación de las 170 VPO de la parcela de Loma Colmenar”. El oficio ha sido trasladado a las partes.
El dictamen explica que en el epígrafe ‘Características de los edificios con noticias sobre su construcción y estado de conservación’ se especifica que se levantaron dos bloques con 170 casas, 185 plazas de garaje, 170 trasteros y 14 locales comerciales, aunque solo son de titularidad de la Ciudad las viviendas “con sus correspondientes garajes y trasteros”, siendo propiedad de SEPES “el resto de garajes y locales”.
La Ciudad es titular de las casas y sus garajes y trasteros; SEPES, del resto
En la reseña sobre ‘Título en virtud del cual se atribuye la finca la entidad o modo como fue adquirida’ figura que el acta de entrega de fecha 31 de julio de 2012 se enmarcó “dentro del convenio para la construcción de 600 viviendas protegidas para arrendamiento”, tal y como viene argumentando la defensa de las ex consejeras Susana Román y Rabea Mohamed para solicitar el archivo de las imputaciones que pesan sobre ellas (y Mohamed Ali y José Antonio Carracao) como miembros de la Comisión Local de la Vivienda cuando se produjo la adjudicación de esa promoción.
Competencias
En noviembre la Fiscalía rechazó la petición de sobreseimiento, asentada en que ese órgano no era competente para decidir sobre la adjudicación ni la Ordenanza de 2006 de la Ciudad la normativa aplicable, rechanzado la comisión de un error tan “burdo” y a partir de las declaraciones de una jurídico de Emvicesa y su ex gerente, Kissy Chandiramani, que según el Ministerio Público declararon que “en la promoción de las 170 existían subvenciones de la Administración local como ayuda para el alquiler” por lo que resultaría “de aplicación la Ordenanza”, que en su artículo 2.2 estipula que solo afecta a “las viviendas protegidas que reciban subvención de la Ciudad”.
Si la Comisión era competente y la Ordenanza de 2006 aplicable es la clave
Desde el pronunciamiento de la Fiscalía, la defensa de las ex consejeras ha aportado, aparte del nuevo informe de la Intervención de la Ciudad, un documento del Estado que certifica su compromiso de financiar en solitario “la urbanización y construcción” de 600 viviendas [hasta ahora se han levantado 487] en Ceuta con una aportación de 48 millones de euros.
Ambos informes vendrían a dejar “fuera de toda duda” tanto que el Estado pagó hasta el último céntimo de las casas (con lo que la Comisión Local carecería de competencia para actuar aplicando el Reglamento de adjudicación de la Ciudad) como la vigencia del Acuerdo Marco de 2007 y la creación de una comisión de seguimiento para los planes de vivienda impulsados en las dos ciudades autónomas.
“No tenían el control”
A partir de ahí, “si la única motivación de la imputación es pertenecer a la Comisión Local de la Vivienda y queda acreditado que no tenía la función de controlar la legalidad y transparencia en esta promoción de viviendas”, estima la defensa de Román y Mohamed, “no existe motivo para continuar dicha imputación por cuanto ellas no eran quienes tenían que controlar la adjudicación y el trabajo que a Emvicesa se había encargado realizar”.
La actual consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, ha sido citada a declarar este mes de enero para volver a pronunciarse sobre la normativa a plicable a la promoción que centra la ‘rama política’ del ‘caso Emvicesa’ y a la de las 317.
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