El retorno de los menores se está complicando. Con el anuncio de la Fiscalía de investigar los hechos y el posicionamiento de la Abogacía española, la entrega de sus propios nacionales al vecino país se va convirtiendo en una cuestión de Estado. Interior continúa con el plan que comunicó de manera oficial a Delegación y Ciudad que se iría haciendo, sabiendo que las cosas se han llevado a cabo acorde con lo permitido y en aplicación de un acuerdo en vigor entre ambos países. El objetivo es erradicar un problema grave para Ceuta como es el acogimiento de cientos de niños sin que haya lugares para tener una permanencia más o menos estable pero sobre todo digna. Asombra el posicionamiento de la Iglesia en este asunto cuando ha sido incapaz de hacer algo por ofrecer espacios de su propiedad para dar acogida digna a esos niños.
El titular de la cartera de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene amplios conocimientos judiciales por su trayectoria profesional como para incurrir en la preparación de un operativo con tantas lagunas. De momento, a pesar de la presión existente, ha mantenido sus órdenes y se está produciendo el traslado de 15 menores diarios para que las autoridades marroquíes se hagan cargo de ellos. Antes de esta operación ha habido constantes reuniones con Marruecos y se ha mantenido contacto directo con las dos instituciones claves en la ciudad: el Gobierno local y la Delegación.
Nada se ha hecho a espaldas o buscando la clandestinidad. Quizá por ello estén faltando las explicaciones oficiales para evitar que la presión no solo sea mayor sino que la resolución a esta problemática se busque antes. Desde luego que el camino iniciado no es el más adecuado.