La nueva normativa sobre ascensores ya es oficial y trae consigo un impacto directo en comunidades de vecinos de Ceuta en forma de derramas.
La actualización legal obliga a realizar reformas para adaptar estos equipos a nuevos estándares de seguridad, lo que puede traducirse en derramas elevadas que, en algunos casos, alcanzan hasta los 40.000 euros.
En España, el ascensor es un elemento fundamental en la vida diaria de muchos edificios. No solo facilita la comodidad, sino que resulta imprescindible para personas mayores, familias con niños pequeños o vecinos con movilidad reducida. Por ello, cualquier cambio en su regulación tiene consecuencias inmediatas tanto en el uso como en la economía de las comunidades.
La nueva norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tiene como objetivo modernizar un parque de ascensores que, en muchos casos, presenta una antigüedad considerable.
La finalidad principal es reforzar la seguridad y reducir riesgos, adaptando estos sistemas a los avances técnicos actuales.
El Real Decreto de mantenimiento, modificaciones e inspecciones
El Real Decreto 355/2024 introduce la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1, que regula aspectos como la puesta en servicio, el mantenimiento, las modificaciones y las inspecciones. A partir de ahora, los ascensores más antiguos deberán incorporar mejoras que hoy se consideran imprescindibles.
Entre los cambios más destacados se encuentra la necesidad de ajustar con mayor precisión la nivelación de la cabina para evitar desniveles al acceder, instalar sistemas más eficaces en las puertas para prevenir accidentes, incorporar comunicación bidireccional en caso de emergencia y añadir mecanismos de control de carga. En algunos casos, también será necesario sustituir componentes antiguos por otros más modernos y seguros.
Las derramas para los vecinos: de 800 a 40.000 euros
El principal problema para las comunidades no es solo la adaptación técnica, sino el coste económico que conlleva. Las intervenciones más básicas pueden situarse en torno a los 800 o 1.000 euros, pero cuando se trata de reformas más complejas, las cifras se disparan fácilmente hasta los 16.000 euros o incluso cerca de los 40.000 en los casos más exigentes.
El importe final dependerá de varios factores, como la antigüedad del ascensor, su estado de conservación o el tipo de deficiencias detectadas durante las inspecciones. No es lo mismo realizar pequeños ajustes que acometer una renovación profunda que afecte a elementos estructurales del sistema.
En cuanto a quién debe asumir estos gastos, la normativa es clara. Según la Ley de Propiedad Horizontal, se trata de actuaciones vinculadas a la seguridad, conservación y accesibilidad del edificio, por lo que su coste debe repartirse entre todos los propietarios en función de su cuota de participación, salvo excepciones recogidas en los estatutos.
La reforma de los ascensores, una decisión delicada para cualquier comunidad
Esto convierte la reforma del ascensor en una de las decisiones más delicadas dentro de cualquier comunidad. No es una mejora opcional, sino una obligación legal cuando el equipo no cumple con los requisitos actuales, lo que limita el margen de decisión de los vecinos.
Respecto a los plazos, la aplicación de estas medidas no será inmediata en todos los casos. Las actuaciones se exigirán a partir de las inspecciones periódicas que detecten deficiencias, y desde ese momento se establecerán periodos para ejecutar las mejoras. Estos pueden variar desde unos pocos años hasta cerca de una década, dependiendo de la gravedad de los problemas y de la antigüedad del ascensor.
La normativa pone el foco especialmente en los equipos más antiguos, muchos de ellos con décadas de uso. Más allá de un requisito administrativo, el objetivo es reducir accidentes en instalaciones envejecidas. Sin embargo, el esfuerzo económico recaerá directamente sobre las comunidades, que deberán equilibrar seguridad y capacidad financiera.
