El artículo 47 de la CE establece que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
Es adecuado citar este importante artículo de nuestra constitución para recordar un derecho, que, por sabido, no es menos respetado. La situación de precariedad laboral existente en nuestro país, principalmente en los más jóvenes, impide que puedan independizarse de sus padres y formar familias con seguridad. Uno de los principales problemas con los que han de enfrentarse los jóvenes es el precio de la vivienda, tanto de alquiler, como para comprar.
Un reciente informe de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias nos informa de un importante descenso en la compra de viviendas de segunda mano, lo que está obligando a bajar los precios. Esto causa cierto miedo entre los vendedores, que temen una nueva recesión similar a la de hace algo más de una década. Es evidente que, con salarios inferiores a los 1.000 euros mensuales y trabajos temporales, se hace bastante difícil encontrar la estabilidad necesaria como para embarcarse en un préstamo hipotecario para adquirir una vivienda. Sin entrar en detalles, algo parecido sucede con el alquiler. Hay zonas en las que es simplemente imposible poder acceder a una vivienda.
Para la ONU, que recientemente ha publicado el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre vivienda adecuada, los culpables son claramente los aumentos de los precios de las viviendas, a consecuencia de lo que ellos llaman la “reburbuja inmobiliaria”. Ante ello, la receta es clara. Regular el alquiler para limitar los precios, imponiendo controles o congelando los precios cuando ello sea necesario.
Pero hay más propuestas. Por ejemplo, eliminar las desgravaciones fiscales para los propietarios de viviendas y sociedades de inversión inmobiliaria, así como los incentivos para la inversión extranjera en bienes inmuebles residenciales. Y también revisar las leyes y políticas relacionadas con los atrasos en el pago de alquileres e hipotecas y con las ejecuciones hipotecarias, a fin de garantizar que sean compatibles con el derecho a una vivienda adecuada. Es decir, se trata de impedir todo desalojo que conlleve que haya personas que se queden sin vivienda. ¿Nos recuerdan algo estas propuestas, puestas en relación con la angustia a la que se han visto sometidas miles de familias de nuestro país?.
El problema, según nos dice la relatora en este importante informe, es que “la vivienda se ha convertido en la mercancía de determinadas instituciones financieras corporativas, constituyendo garantías sobre las viviendas como instrumentos financieros que se comercializan en los mercados mundiales”. De esta forma, los inversores institucionales compran grandes cantidades de viviendas sociales (recordemos el caso de Madrid, cuando era alcaldesa Ana Botella, vendiendo 1.860 viviendas sociales a fondos buitre), desplazando a las familias de menores ingresos, para que así las corporaciones ricas puedan acumular capital, eludir impuestos y ocultar ganancias.
Desregular el mercado de alquiler y fomentar el marcado de viviendas para ricos, es lo que han hecho los gobiernos que no entienden la vivienda como un bien social y un derecho humano, sino como una mercancía para el comercio y la especulación, según nos sigue diciendo la relatora. Por tanto, adoptar medidas para regular la actividad empresarial que evite que las inversiones tengan efectos negativos en el derecho a la vivienda, es un deber de los gobiernos democráticos. Y un primer paso sería impedir la privatización de viviendas públicas o sociales que reduzcan la capacidad de los Estados para garantizar el derecho a una vivienda adecuada. Y también exigir a los bancos y otros acreedores que eliminen los obstáculos al acceso al crédito para las mujeres, las familias jóvenes, y otras personas que necesiten financiación para la vivienda.
Leer estos informes es reconfortante. No todo está perdido, ni todos los organismos internacionales están al servicio de los poderosos de forma total. Hay aún margen para la esperanza. De la misma forma que también resulta esclarecedor escuchar decir a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional que las políticas del nuevo gobierno progresista de España son alentadoras, incluida la subida del salario mínimo, sobre todo, porque ello supone poner freno el aumento de la desigualdad provocado por políticas económicas anteriores.
Ya dije en artículos anteriores que la situación política actual nos iba a llevar por un camino lleno de dificultades. Especialmente, por las que pondrían las derechas y ultraderechas “casposas”. Y también por los golpes de efecto que seguirían dando los nacionalistas catalanes. Lo último del ciudadano Torra convocando unas elecciones sin fecha, es esperpéntico y triste. También las jugarretas del cobarde prófugo Puigdemont, jugando a ser parlamentario europeo, no para representar los intereses de nadie, sino para salvar su propio pellejo de pisar la cárcel. Es decir, un fraude electoral en toda regla.
Pero, las primeras medidas de este gobierno, subiendo el salario mínimo, incrementando las pensiones y los sueldos de los funcionarios, o trabajando en medidas para luchar contra el cambio climático, o frenar los precios de los alquileres de viviendas, son alentadoras y nos han de llenar a todos de esperanza. Pese a todo, ahora veo con meridiana claridad que los españoles no se han equivocado al votar lo que han votado.
Frente a la deslealtad de los mal llamados “constitucionalistas” y de los “separatistas”, solo hay un camino. El de la unidad de los progresistas y el apoyo a las medidas sociales que está tomando este gobierno.
