Una trabajadora de la
Ciudad Autónoma con veinte años de trayectoria profesional ha presentado una
demanda contra la administración local para instar la tutela de sus derechos fundamentales por la gestión que se ha hecho del caso de presunto
acoso sexual en el ámbito laboral que denunció a finales de 2021. La acción ante el Juzgado de lo social de Ceuta se dirige contra la institución como empleadora de la demandante e individualmente contra el superior y supuesto infractor, el mando de la
Policía Local que instruyó el expediente disciplinario que terminó proponiendo archivar y la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, que hasta mayo era competente en materia de Recursos Humanos. Ambos habrían dado al primero “una especie de manto protector”. La demanda recoge de manera detallada los hechos acontecidos durante la segunda mitad de 2021, cuando la empleada pública fue destinada al Negociado de Información y Registro. Según su versión, antes incluso de llegar a ese departamento el que después se convertiría en su jefe le informó de que podría prestar servicios bajo su mando y tuvo “una participación muy activa” en las “gestiones” que propiciaron su traslado por motivos de salud. Cuando se consumó el cambio de puesto se produjo “un cambio evidente” en la conducta de su superior con actitudes y comportamientos que su representación letrada entiende constitutivos de “acoso laboral” y “acoso sexual”. Durante varios meses el mando se habría propasado verbal y físicamente, primero en dependencias del Palacio autonómico y posteriormente del ‘Ceuta Center’, con reiteradas alusiones a la necesidad de dar continuidad a “lo nuestro”, amenazas de cambios en sus condiciones de trabajo, berrinches por saber que había sido vista paseando con su marido, regalos, advertencias sobre la necesidad de no comentar el asunto ni con compañeros ni con sindicatos y propuestas de traslado para encontrarse “más tranquilos”. Tras encontrarse con que un representante sindical le propuso contar de común acuerdo con su jefe que “toda esta situación no es más que una confusión de la demandante”, la demandante presentó una denuncia ante la Ciudad para activar su Protocolo de Acoso. El 20 de diciembre de 2021 el Comité de Igualdad de la administración concluyó que se apreciaban “indicios claros de acoso sexual/por razón de sexo”, por lo que propuso la apertura de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave “y las correspondientes medidas correctoras de la situación”, que incluyeron un cambio de puesto del encartado.
El reproche de la Inspección de Trabajo
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ceuta emitió en marzo del año pasado un informe en el que también apreció, en base a las actuaciones realizadas por la Ciudad y las declaraciones de testigos recabadas, que existían “suficientes indicios de la existencia de un acoso sexual laboral”. “No hay una situación previa ni de enemistad o deseo de revancha de la trabajadora, sino que más bien se pone de relieve todo lo contrario, habiendo sido muy paciente e intentado, quizás por ser el presunto autor una persona que conocía anteriormente, por la edad del mismo o por el deseo de evitar escándalos y una reacción violenta de su marido, evitar la continuación de los hechos de forma conciliadora”, concluyó el inspector. Desde su punto de vista no se trataba de un “hecho aislado, un error puntual o una salida de tono concreto”, sino ante “indicios continuados que se extienden a lo largo del tiempo”. “No es posible”, remató para avalar la “absoluta verosimilitud” de los supuestos acosos registrados, “que tantas personas de tan diferente condición puedan tener un relato fáctico tan unánime”. El dictamen también recogió un reproche a la Ciudad: “Se ha echado de menos una actuación en materia de prevención de riesgos laborales”, lamentó la Inspección, que apreció que la administración no podía “inhibirse indicando que hay procedimientos administrativos sancionadores o posibles procedimientos penales”. “Una falta de diligencia en materia preventiva o, posteriormente, no tomando las medidas adecuadas desde el punto de vista laboral o de seguridad y salud laboral, una vez conocida la situación producida, sí puede conllevar responsabilidad en el ámbito del orden social”. A pesar de ese oficio, el pasado 13 de enero la víctima “tuvo que presentar otro escrito instando el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales reconocidas” y durante la tramitación del expediente disciplinario al denunciado se encontró con “una actitud reticente a facilitar información sobre cuestiones básicas del trámite”.
El instructor envió el caso primero a la Fiscalía y luego lo cerró sin sanción alguna
El instructor del mismo, un mando de la Policía Local, se negó a facilitarle toda la documentación apelando a la Ley de Transparencia, algo que ahora se traslada al Juzgado de lo Social como “prueba palpable de la protección de la que ha gozado el presunto infractor”. Ese funcionario llegó a derivar a la Fiscalía el asunto por si se pudieran derivar responsabilidades penales del caso, pero una vez que quedó archivado en los Juzgados al entender la víctima y su letrado que lo procedente era cerrar antes el asunto por la vía laboral y administrativa, propuso cerrar el expediente sin ninguna sanción.
“Rebajar la gravedad”
Lo hizo alegando que no podía valorar la declaración de más de cuatro horas de la demandante porque no la había prestado en presencia del abogado del denunciado y porque cuando fue citada de nuevo “no pudo acudir por encontrarse de baja por incapacidad temporal, como quedó justificado en tiempo y forma aportando el certificado médico correspondiente”. La acción judicial incluye a la consejera de Hacienda como codemandada por “ratificar” el archivo del expediente disciplinario sin sanción y por, en paralelo, autorizar la prolongación del presunto acosador en el servicio “pese a cumplir la edad de jubilación” y “en contra de informes internos de Recursos Humanos”. Ello “pone de manifiesto una especie de manto protector”, reseña la demanda.
La Ciudad ha aceptado que el denunciado siga trabajando tras llegar a la edad de jubilación
El hecho de que la Ciudad haya abierto otro expediente contra el mismo funcionario, pero por “acoso moral”, supone a juicio de los abogados de la empleada pública una voluntad de “rebajar la gravedad de las conductas descritas, constitutivas de acoso sexual, dada la especial protección legal establecida frente a las conductas contrarias a los derechos de la mujer”. Igualmente se aprecia y censura una “evidente intención” de “demorar en el tiempo las actuaciones disciplinarias, bien para resolver que no procede sanción alguna (como ocurrió con el expediente por acoso sexual) o bien para que termine accediendo a su jubilación, todo ello en claro perjuicio de los derechos fundamentales de la actora”.