Firmeza

Los incendios de Madrid, Ávila, Toledo y Castelló han obligado a evacuar a más de 75.000 personas. Estas evacuaciones masivas son ya parte de una nueva normalidad para la que España no está preparada. Como explica Víctor Fernández García, profesor de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de León, “estas condiciones actúan sobre un territorio que lleva décadas transformándose en un polvorín en todo el país, con abandono de cultivos y aprovechamiento, acumulación y continuidad de la vegetación, expansión de las zonas residenciales hacia el monte y plantaciones y matorrales cada vez más cerca de los núcleos de población”.

En la misma línea, el investigador del CSIC Juli G. Pausas defiende la necesidad de fragmentar grandes superficies forestales, estimular la actividad rural extensiva, limitar el interfaz urbano forestal y manejar de forma agresiva la vegetación alrededor de las viviendas.

Es falso que los incendios se deban a leyes proteccionistas que impiden cuidar el monte. La Ley de Montes (Ley 43/2003) y la normativa autonómica, incluida la andaluza, establecen con claridad que la gestión del monte, desde desbroces y podas hasta retirada de vegetación seca, mantenimiento de cortafuegos y apertura de caminos forestales, no solo está permitida: es obligatoria en zonas de riesgo.

Todo lo anterior deja un mensaje claro: gestionar el monte no es destruirlo, es protegerlo. Significa retirar vegetación seca, mantener cortafuegos, abrir caminos forestales, recuperar usos tradicionales como el pastoreo y planificar quemas controladas cuando las condiciones lo permiten. Son medidas que reducen la intensidad de los incendios y permiten que los equipos de extinción trabajen con seguridad.

Pero también deja otro mensaje: en momentos de crisis siempre aparecen quienes prefieren culpar a otros de lo que ellos mismos no han sabido gestionar. Resulta llamativo que quienes han recortado recursos en prevención acusen ahora a quienes no tienen competencias directas de aquello que ellos mismos no han hecho.

Y mientras algunos de estos incendios siguen activos, surge otro problema: la presión sobre Ceuta y el intento de replicarla en Melilla. Marruecos es experto en este tipo de acciones. Suele aprovechar momentos de debilidad del Gobierno de España para actuar. Ya lo hizo en 1975, con la Marcha Verde, aprovechando la agonía del franquismo. En 2002, con la crisis del islote Perejil, durante el gobierno de Aznar. En 2021, permitiendo la entrada masiva de miles de personas en Ceuta para presionar al Gobierno español tras la hospitalización del líder saharaui Brahim Ghali.Y vuelve a hacerlo ahora, cuando se estaban normalizando las relaciones con Argelia y con Reino Unido en el contencioso de Gibraltar.

De mi tiempo viviendo y trabajando en Ceuta aprendí algo que no se me olvida. Los expertos siempre han dicho que Ceuta y Melilla son dos cuestiones territoriales que Marruecos activará cuando el contencioso de Gibraltar entre en vías de solución. Ese momento parece haber llegado. Con el apoyo internacional que Rabat ha ido tejiendo, incluyendo el respaldo de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump en 2020 al reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara, y la cooperación estratégica con Israel, Marruecos ha empezado a mover ficha. Esto es solo el comienzo.

Que la extrema derecha haya aprovechado la situación para atacar al Gobierno español, uno de los pocos gobiernos progresistas que resisten en Europa, no significa que Marruecos no hubiese actuado igual si ellos gobernaran. Lo hacen porque buscan cualquier oportunidad para desgastar a quienes no comparten su proyecto político.

Muy clarificador ha sido el artículo de Jorge Dezcallar en El País —embajador en Marruecos (1997–2001), director del CNI (2001–2004), embajador ante la Santa Sede (2004–2006) y en Estados Unidos (2008–2012), con gobiernos del PP y del PSOE— reclamando más firmeza ante Marruecos y recordando que “Rabat confunde cesión con debilidad, y más cuando las cesiones son continuas”.

También ha sido clarificadora la carta de Pedro Sánchez a sus homólogos europeos, denunciando la actitud asimétrica de algunos gobiernos y recordando que “…tal actitud –impulsada por los prejuicios, las noticias falsas, la ignorancia o el interés político– no solo es contraria al derecho europeo, al derecho humanitario y a los principios de solidaridad que nos unen. También es contraria a los intereses a largo plazo de Europa…”.

Por todo ello, hay que ser firmes con Marruecos, a la vez que buenos vecinos. Pero también, y sobre todo, firmes frente a quienes, desde posiciones de poder político en Europa, están desarrollando una campaña para acabar con uno de los pocos gobiernos progresistas que aún resisten en nuestro continente.