Una mujer joven, del África Subsahariana, que la Policía o los servicios de atención social intuyen que puede ser víctima de explotación sexual pero que se niega a reconocerlo por temor a una posible represalia y porque, por encima de todo, está obligado a pagar con su cuerpo en Europa la losa económica que pesará sobre ella durante
años para afrontar la desorbitada factura de su pase ilegal al primer mundo. Ese podría ser, aunque admite cientos y cientos de matices, el perfil de la víctima de trata que atraviesa Ceuta en el tránsito hacia el que se supone que es el paraíso de la opulencia occidental. O lo que sea realmente.
“Se trata de una grave vulneración de los Derechos Humanos y un delito complejo que nuestro Código Penal tipifica ya, por suerte, desde 2010”, detallaba ayer Elena Arce, abogada, “amiga personal” de Antonia Palomo, según confesaba en su presentación la directora del Área de Menores de la Ciudad, y en la actualidad responsable del Área de Migraciones e Igualdad de Trato de la Oficina del Defensor del Pueblo. Suya fue la ponencia Procedimiento para la identificación y protección de los menores víctimas de trata, en la que retrató el calvario de engaño, humillación y vejación al que se ven sometidas miles de mujeres al año en todo el mundo cuando sobre ellas cae el yugo de la explotación sexual.
La primera barrera que hay que combatir, destacó Arce, es la de diferenciar entre tráfico ilícito de personas y trata. En el primer caso, el inmigrante consiente porque a cambio alcanzará su objetivo de tocar otro continente, por lo general Europa, mientras que en el segundo durante el camino todo se complica porque la red da una vuelta de tuerca y revela el engaño. En el tráfico, además, el proceso ilícito concluye al llegar a Ceuta, mientras que en la trata el cerco a la mujer continúa, abriéndose de par en par una segunda fase de victimización.
El delito se extiende como una mancha de aceite: desde China a Suramérica, de Nigeria a Rusia, Ucrania, Rumanía o Bulgaria. El perfil de las dos vertientes, trata y explotación, en España dibuja como víctima a una mujer de nacionalidad rumana, de 23 a 37 años, con estancia regulada y residente en Cataluña. Y las rutas marcan caminos a través de África hacia Europa, del Este al corazón de la UE o de América Latina hacia el otro extremo del Atlántico.
¿Cuál es el gancho? La representante del Defensor apuntó como principal reclamo la promesa de mejoras económicas que suele plantear un familiar o alguien muy cercano. La presión posterior la ejercerán “grupos muy violentos”. Y en ese triste peregrinar, Ceuta se erige en “primera entrada en Europa de la mujer explotada sexualmente”.
Arce se detuvo en definir a la mujer que pasa por Ceuta como víctima de una red de explotación. “Arrastra una servidumbre por la deuda contraída. Ella sabía que iba a ser explotada, pero no la cantidad desorbitada de 40.000 o 50.000 euros que la atará casi de por vida, ni las condiciones de esa explotación”. Les espera la prostitución callejera. Para colmo, aparece la figura del temido juju, un ritual que las aterra porque creen que romper las condiciones impuestas se traducirá en muerte o perjuicio para sus familiares por efecto de esa magia. Un pánico que también les conducirá a rechazar la protección internacional y el periodo de restablecimiento y reflexión que ofrece la Policía en las horas siguientes a su llegada.
Y entre ellas, niños y niñas vulnerables que llegan con supuestos padres que luego no lo son y a los que esperan las redes al otro lado.
Embarazadas y el bebé como “segunda pieza”
En los últimos años se han multiplicado los casos de adolescentes que se niegan a identificarse porque las mafias se lo prohíben de forma expresa, y ahí vuelve a funcionar el mecanismo del miedo. También se ha disparado el número de mujeres embarazadas o que llegan a territorio español con menores entre sus brazos, sean o no suyos realmente. “Las mafias saben que una mujer con un crío irá a centros de acogida de los que luego es más fácil sacarla para que ejerzan la prostitución. Si además el niño es suyo, ya la tienen atada por otro lugar. Tienen dos piezas: a ella y al bebé”, lamentó Arce. Unicef insiste en la identificación en frontera de todo bebé o menor porque los hijos de las víctimas corren el riesgo de, con los años, serlo.
