La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y UGT han llegado a un acuerdo con el departamento que dirige Félix Bolaños para aplicar una subida entre 165 y 250 euros mensuales el salario de los funcionarios adjuntos al Ministerio de Justicia y, por tanto, tendrá impacto en los empleados públicos de Ceuta.
El incremento salarial dependerá de cada cuerpo, se fijará a través de determinados complementos y será ratificado este jueves con la firma en el Ministerio, según explica en un comunicado CSIF, en la administración de Justicia.
Se llevará a cabo de forma gradual y progresiva este año y el próximo, según explica el ministerio en un comunicado, que precisa que el acuerdo también recoge la convocatoria de la mesa delegada en un plazo de tres meses para abordar la reducción de la temporalidad, el nombramiento de personal de refuerzo, la formación así como la protección de la salud en el trabajo.
En el acuerdo no ha participado CCOO al no estar implicados todos los funcionarios, también a los que trabajan en comunidades con las competencias transferidas, ni tampoco el Sindicato de Trabajadores Administración de Justicia de Cataluña (STAJ), que no tiene representación en esta mesa referente al territorio dependiente del Ministerio, según indican fuentes sindicales.
Tras los incrementos salariales acordados el año pasado para letrados, jueces y fiscales, los funcionarios de Justicia protagonizaron una huelga de más de dos meses y acabó, ante la convocatoria de elecciones, sin obtener lo que solicitaban.
Retomadas las negociaciones con el Gobierno, hace unas semanas se rompió la unidad sindical al comprobar que Justicia no iba a garantizar una subida salarial para los 45.000 funcionarios de esa administración, incluyendo a los que trabajan en las comunidades autónomas con competencias transferidas.
El acuerdo que se ha cerrado beneficiará a 12.000 funcionarios dependientes del Ministerio, lo que incluye a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Extremadura, Ceuta, Melilla y los órganos centrales (Audiencia Nacional, Supremo, Registro Civil, Instituto de Toxicología y Fiscalía General del Estado).
CSIF, que destaca que es un acuerdo equiparable a otros firmados en Madrid, Asturias o el País Vasco y al que se está negociando en Cataluña, explica que el Ministerio se ha comprometido a comunicar este acuerdo en la Conferencia Sectorial a todas las comunidades autónomas con competencias en Justicia.
Desde el centro sindical se considera que se ha logrado "el mejor acuerdo posible" , teniendo en cuenta las dificultades de la coyuntura política y la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, y confía en que sea el inicio de una relación de diálogo para mejorar las condiciones de todos los funcionarios, con independencia del lugar de destino.
UGT ha valorado este acuerdo con el Ministerio destacando en su comunicado la "política de diálogo" y el "impulso reformista de la Justicia" que se centra en la digitalización, la modernización de la estructura del poder judicial e iniciativas como las oficinas de atención a las víctimas de delitos o la próxima ampliación del programa de becas para opositores.
Por su parte, Comisiones Obreras se ha mostrado totalmente contrario al acuerdo. Para el sindicato se ha "malbaratado el esfuerzo económico y personal que soportaron miles de compañeros en el juego sucio del Ministerio en plena tramitación por el procedimiento de urgencia de la Ley de Eficiencia, a cambio de un limitado acuerdo, sólo de incremento del complemento específico del ámbito no transferido, que no era objeto de la huelga y sin alcanzar ninguna de las reivindicaciones por las que sí se había convocado en unidad de acción de todos los sindicatos representativos en la Mesa Sectorial".
Sobre esto recalcan que las reivindicaciones "están más vigentes que nunca" y anuncian que seguirán adelante "con nuevas movilizaciones y en unidad de acción con otros sindicatos que siguen, como CCOO, defendiendo a todo el personal de todos los ámbitos, transferidos y no transferidos, y que anunciaremos en breve".
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