El Gobierno ha encargado a los Jurídicos que aclaren si, en realidad, no puede pasar de seis años
El Gobierno de la Ciudad ha encargado a los Servicios Jurídicos de la Administración sumar al análisis económico y técnico que originalmente debían componer la auditoría sobre la limpieza pública viaria una tercera parte, un estudio sobre si el contrato rubricado en 2013 con Trace lo es de “servicios” o “de concesión de servicios”.
De lo que concluya el dictamen de los técnicos dependerá el futuro de la concesión, adjudicada por un plazo inicial de 10 años que “podrá prorrogarse de forma expresa y por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización hasta un total de 10 prórrogas de un año cada una”.
La denominación del contrato firmado (‘De gestión del servicio público de limpieza viaria y de recogida de residuos domésticos’) es acorde con esa duración, pues para esta modalidad se establecen unos plazos máximos, según su objeto, de cincuenta, veinticinco o diez años.
Sin embargo, la adjudicataria lleva meses convencida, según las fuentes consultadas por este periódico, de que el contrato, por su contenido y redacción, lo es en realidad de servicios, con lo que su vigencia no puede extenderse más allá de seis años prórrogas incluidas, con lo que quedaría liquidado el próximo mes de febrero si los Servicios Jurídicos de la Asamblea coinciden con quienes interpretan que la naturaleza del mismo no se deriva de su nombre sino de sus cláusulas, que en este caso no dan margen a la concesionaria para la organización de la prestación sino que le exigen una forma de ejecutar el trabajo hasta el mínimo detalle como, por ejemplo, cuántos barridos hay que hacer en cada barriada.
Supuestamente el híbrido de Pliegos que elaboró la Ciudad, con una mezcla de características de los contratos de servicios y de los de gestión, fue el fruto de la voluntad del Ejecutivo por alargar plazos para la amortización de la gran inversión a realizar en maquinaria y para blindar los puestos de trabajo adscritos a la limpieza pública.
Asumir que, en realidad, el contrato es de servicios y que, por lo tanto, no puede ir más allá de febrero, abriría una puerta (“la única viable”, estiman algunas fuentes) para el ansiado divorcio amistoso, sin pleitos ni indemnizaciones, entre la Ciudad y Trace.+
No es de gestión sin asumir “riesgo de la explotación”
Según la respuesta de los órganos del Ministerio de Hacienda a las preguntas sobre la diferencia entre contratos de servicios y de gestión de servicios de otras entidades locales, “el contrato en cuya virtud se encomienda a un particular la gestión de servicios asumidos como de su competencia” por una administración pública no puede ser calificado como concesión de servicios, como lo está el de limpieza de Ceuta, “si el concesionario no asume el riesgo de la explotación, es decir cuando su retribución se establece de un modo cierto, variable e independientemente del grado de utilización del servicio por los usuarios”.
Hasta ahora, sin posibilidad de ruptura de mutuo acuerdo
El Gobierno de la Ciudad y Trace llevan meses explorando distintas opciones para romper el contrato firmado en 2013 haciéndose “el menor daño posible”, como han llegado a explicar el portavoz del Ejecutivo y el consejero de Medio Ambiente, pero hasta la fecha no ha sido posible encontrar una fórmula técnica viable para cerrar un divorcio de mutuo acuerdo, entre otras cosas porque la Administración viene detrayendo parte del importe de las certificaciones de la concesionaria desde el verano pasado por disconformidad con los trabajos realizados.
En octubre, Trace advirtió al Gobierno que “la gestión del servicio es en modalidad de concesión y por un precio cierto” y que por lo tanto, a su juicio, la Administración “no puede detraer importe alguno del precio pactado salvo en los supuestos específicamente indicados y siguiendo los procedimientos adecuados”.
A las malas, ambas partes estimaron a finales del año pasado en el entorno de cinco millones de euros lo que podrían exigir a la otra. La Ciudad a Trace, por servicios no prestados. La empresa a la Administración, por las ‘pérdidas’ sufridas con el servicio, entre otras cosas con la subida salarial del 1% 2017.
Sea como fuere, el nuevo Convenio se ha firmado con un solo año de vigencia y expirará el próximo 31 de diciembre.
